Escrito por, José Miguel Contreras.

Desde el principio de esta peculiar etapa histórica que vivimos, tras la caída de Rajoy y el cambio de un gobierno de derechas a uno de izquierdas, los partidos conservadores han denunciado incesantemente la supuesta intención de imponer en España un cambio de régimen político que, básicamente, iba a transformar nuestro territorio de paz, democracia y libertad en una dictadura bananera de inspiración latinoamericana. Llevamos así 30 meses, casi 1.000 días. Es el momento de sacar una conclusión. Esta dictadura cuya llegada se daba por hecha no termina de llegar. El Dadoporhechismo sigue fallando. Estos radicales ultraizquierdistas defensores de la opresión y el aplastamiento de la libertad o son muy vagos o son unos inútiles.

No se conoce un fenómeno similar. Nunca se ha pedido libertad tantas veces a gritos en un entorno de tan absoluta y extendida libertad. Los que denuncian la falta de libertad de expresión no tienen impedimento alguno para manifestar sus opiniones desde la tribuna parlamentaria o en todos los medios de comunicación públicos y privados. La opresión generalizada es al parecer absolutamente compatible con la celebración de todo tipo de convocatorias callejeras. Jamás se ha ejercido la más mínima fuerza represora. El Poder Judicial que se quiere sojuzgar sigue dominado por el sector más conservador de la magistratura. El independentismo catalán que amenaza la unidad de España tiene a sus líderes cumpliendo duras condenas de prisión tras el juicio celebrado con este régimen. Los llamados filoetarras que participan en la vida parlamentaria en las Cortes son acusados de pertenecer a una banda terrorista que fue finalmente derrotada y aniquilada por un gobierno socialista hace casi 10 años.

Defender la libertad

Esta semana, el líder de la oposición, Pablo Casado, lanzó el martes un agónico mensaje en el XIII Foro Atlántico Iberoamérica y el mundo. La crónica de infoLibre de Fernando Varela contaba cómo Casado hizo un llamamiento a “defender la libertad” en España “como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida”, comparando la situación de nuestro país con la que viven Cuba y Venezuela. “Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España”, proclamó.

Este mismo miércoles, Rocío Monasterio, en TVE, alertaba con firmeza de la implantación de este régimen social comunista con motivo de la próxima celebración del Día de la Constitución y convocaba movilizaciones de los seguidores de Vox ante los ayuntamientos de toda España para protestar ante el estado dictatorial que nos asola. Ya en multitud de ocasiones, se han convocado movilizaciones para denunciar la implantación de un régimen social comunista con raíces estalinistas que provoca el ahogo de los demócratas que ven cercenada su libertad e, incluso, amenazada su subsistencia. La histórica foto de Colón se convirtió en el icono del movimiento que aún hoy permanece vivo.

Casi 1.000 días de régimen

Hace ya casi 30 meses que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Primero, lo fue como consecuencia de la moción de censura votada el 1 de junio de 2018, que se presentó a raíz de la sentencia de Gürtel que confirmaba la corrupción sistémica que había invadido el Partido Popular desde hacía años. El PP tuvo que iniciar un proceso de cambio de sus estructuras de mando que llevó a Pablo Casado a la presidencia pocas semanas después.

Pedro Sánchez se ha mantenido desde entonces al frente del Ejecutivo gracias, principalmente, al apoyo parlamentario de Pablo Iglesias y su formación. Durante este período, se disolvieron las Cortes tras no poder sacar adelante los Presupuestos pactados por PSOE y UP en febrero de 2019. PP y Ciudadanos votaron junto a ERC y el PDeCAT contra ellos. EH Bildu se negó también a apoyar al gobierno en funciones y colaboró junto a la derecha a propiciar su caída.

Un gobierno democrático surgido de las urnas

Tras las elecciones de abril de 2019, Sánchez siguió como presidente en funciones más de cinco meses. La falta de acuerdo entre los socialistas y Unidas Podemos tuvo como consecuencia una nueva convocatoria electoral el 10 de noviembre de ese mismo año. Mientras tanto, el Gobierno en funciones siguió tomando importantes medidas legislativas mediante decretos leyes que fueron refrendados por las fuerzas de izquierda recurrentemente y tachados de ilegales por la oposición que, a la vez, bloqueaba la actividad parlamentaria gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso que había negociado con el independentismo catalán.

Finalmente, tras volver a ganar las elecciones, Sánchez pasó de presidente en funciones a ser investido formalmente tras la firma del acuerdo de coalición con Iglesias. Desde ese momento, el Gobierno ha tenido que hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus y, mientras tanto, ha ido promoviendo diferentes medidas legislativas que hoy alcanzan la importante meta de conseguir la aprobación parlamentaria de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Tras este paso, todo parece indicar que la legislatura puede extenderse sin mayor complicación hasta finales de 2023.

Incapacidad para sumar una mayoría

En estos 30 meses, la derecha ha sufrido serios cambios en su composición. Vimos ascender a Albert Rivera para luego despeñarse. También hemos vivido el auge de la extrema derecha escindida del PP y reconvertida en Vox. En líneas generales, sus posicionamientos han sido casi siempre coincidentes en un punto razonablemente lógico: la oposición a los diferentes gobiernos de izquierdas que se han ido sucediendo en este período.

Lo que no termina de ser tan razonable es la denuncia de la inminente llegada de una suerte de golpe de estado institucional desde hace ya casi 1.000 días. Va siendo hora de asumir que los promotores de esta dictadura, que supuestamente venían a implantar, se han dormido en el poder y se les ha olvidado su despreciable objetivo. La otra explicación es que todo se trate de una enorme tomadura de pelo, destinada a justificar la incapacidad actual de la derecha para sumar el apoyo de una mayoría de ciudadanos dispuestos a devolverles lo que la democracia les quitó: la responsabilidad de dirigir España dentro de un marco legal que permanece absolutamente inalterado.