Nada que ver con el desfalco de los EREs de Andalucía ni los millones que se llevan las dos agrupaciones de sindicatos de España de dinero público.

El número de escándalos que acumulan a sus espaldas los dos grandes sindicatos nada tiene que envidiar al de los partidos políticos. Mención especial merece el caso de los ERE en Andalucía, tanto por la cuantía aflorada como por el largo listado de imputados en el proceso judicial, pero, por desgracia, no es el único. El millonario fraude cometido por UGT con las subvenciones recibidas de la Junta andaluza entre 2009 y 2013, cuya cantidad supera de largo los 40 millones de euros, según la investigación en curso, debería hacer reflexionar de una vez tanto a la sociedad como a la clase política. No en vano, la presunta malversación de fondos públicos no constituye un caso puntual ni aislado, dado que afecta al 64% de las subvenciones otorgadas por esta administración regional.
Semejante nivel de corrupción merece la calificación de mafia, pues no es fruto de una acción particular, sino de una estrategia urdida a nivel organizativo para financiarse de forma irregular, saltándose así todos los controles y salvaguardas que prevé la ley a fin de evitar posibles enriquecimientos ilícitos. Lo trágico, sin embargo, es que la gravedad de estos hechos no ha cosechado la reacción que merece por parte de la mayoría de los medios de comunicación y los responsables políticos. Y es que, más allá de las duras condenas que merecen tales comportamientos, los partidos, especialmente los que no están vinculados a UGT y CCOO, deberían aprovechar estos casos para exigir e impulsar un profundo cambio en el sistema sindical.

Los dos grandes sindicatos, de marcado carácter de izquierdas, son, para empezar, los responsables de que España destruyera más de 3 millones de empleos durante la crisis, al tiempo que la tasa de paro media ronde el 17% desde el comienzo de la democracia. Los responsables últimos de semejante despropósito, claro está, han sido los distintos gobiernos, pero la obcecación de UGT y CCOO por mantener una elevada rigidez laboral durante todos estos años ha condenado al desempleo y a la miseria a millones de potenciales trabajadores, lo cual dice mucho acerca de su supuesta «conciencia de clase». Y todo ello para lucrarse y ganar influencia política a través del manejo de los convenios colectivos.

Además, el sindicalismo español no representa a los trabajadores, puesto que su financiación depende, mayoritariamente, de las arcas públicas, de modo que responde a directrices partidistas. Estas entidades pueden resultar útiles y constructivas siempre y cuando trabajen para representar los intereses de sus afiliados y dependan de las cuotas que estos desembolsan voluntariamente para cubrir sus gastos y funcionamiento, tal y como sucede en otros muchos países. Su enganche al maná público, por el contrario, acaba generando el caldo de cultivo idóneo para la comisión de todo tipo de irregularidades y corruptelas. Y todo ello sin contar que la ausencia de una regulación clara y razonable sobre el derecho de huelga convierte en muchas ocasiones a los sindicatos en meros instrumentos de chantaje y coerción, ya que toman a los ciudadanos como rehenes para la consecución de sus objetivos particulares. Urge una reforma sindical en España y, dada la estrecha connivencia entre sindicatos e izquierda, esta iniciativa debería ser liderada por PP y Vox.