El punto, tratado en el último pleno del Ayuntamiento, salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno tripartito y en contra de PP y CS.

No todos los funcionarios del Ayuntamiento contaban con la cobertura sanitaria de la seguridad social, debido a que, un número determinado de ellos, optaron en 1993 por seguir acogidos, como marcaba la ley, por entidades privadas, tal y como se aprobó en pleno.

Actualmente, vencidos los contratos y las prórrogas, ninguna compañía se ha interesado por seguir prestando la cobertura a estos trabajadores municipales y la licitación, hasta en tres ocasiones ha quedado desierta, incluso triplicando el importe de la cuota a pagar por cada uno y sus familias, de ahí que el equipo de gobierno opte por la integración de todos en la Seguridad Social para que no se vean sin atención el 1 de enero de 2021.

El PP, inicialmente apostó por dejar el punto sobre la mesa, atendiendo la petición de los propios funcionarios afectados, que han presentado un escrito en el que argumentan sus motivos. Pero, como el tripartito no aceptó la argumentación, al final, optó por votar en contra porque “el acuerdo de pleno de 1993 no puede revocarse, porque fue favorable, y por entender que no se ha negociado, se han hecho prórrogas ilegales, no se ha pagado a la compañía la prestación del servicio desde enero por una mala planificación y no se ha informado a los funcionarios”. Para Olarte, los problemas se encuentran en los pliegos de condiciones y hay soluciones, solo hay que buscarlas

Arancha Carrero, edil de PODEMOS en el tripartito, no comparte los argumentos de Olarte. Para la edil morada, el problema es de las compañías y no del Ayuntamiento, y sí ha existido negociación, lo que ocurre es que los funcionarios son mayores y no son rentables para las mutuas de seguros privados.