En los últimos años, el colectivo farmacéutico de la empresa privada viene reclamando de forma insistente competencias para administrar vacunas en sus oficinas privadas de farmacia. Esta presión se ha incrementado en los dos últimos años, llegando a su cima durante esta pandemia COVID.

Pese a las continuas negativas de la Administración y la frontal oposición de las Organizaciones Enfermeras, desde las farmacias se insiste en cambiar las regulaciones que actualmente impiden vacunar en las farmacias.

Los intereses económicos, y sus esperados beneficios para las farmacias privadas, están detrás de esta iniciativa y no tanto el bien común o la salud pública. Pese al maquillaje y la cosmética que adornan muchas farmacias y los bondadosos argumentos para administrar vacunas, se encuentra un negocio privado, que ya cobra su porcentaje en la venta de una vacuna y que proponen ahora incluso administrarla y, claro está, cobrar por ello.

Desde la Sanidad Pública, a través de las enfermeras y enfermeros, se ha cumplido durante décadas con esta competencia, alcanzando con éxito todos los objetivos de higiene, seguridad, calidad y de forma totalmente gratuita, siendo nuestro país uno de los que mayor porcentaje de vacunación alcanza entre los países de nuestro entorno.

La necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento, incluidas las vacunas, hacen inviables a las farmacias para este cometido. La falta de garantías de asepsia de las farmacias para este fin hace impracticable cualquier planteamiento asistencial en su interior. Pero sin duda, lo que resultaría injustificable sería que el personal de la farmacia procediera a administrar las vacunas de forma autónoma o por función delegada, ya que en ningún caso administrar vacunas es una competencia farmacéutica y sí enfermera, que también tiene la competencia de su indicación y la capacidad de realizar una observación posterior asociada de los posibles efectos secundarios (incluso de extrema gravedad requiriendo reanimación inmediata).

No es una polémica nueva, ni aislada, ni exclusiva de las vacunas. Ya lo intentaron potenciando la atención en los domicilios de los pacientes y cuidadores, colisionando totalmente con la normativa vigente. Ahora, además de la vacunación de la gripe, pretenden realizar pruebas diagnósticas para detectar el COVID-19 en las farmacias. Un paso más para una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones.

Desde el conjunto de la profesión Enfermera, la Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Asociación Española de Estudiantes de Enfermería, Sociedades Científicas de Enfermería, Sindicato de Enfermería, Consejo General de Enfermería, firmantes de este manifiesto, queremos transmitir a la opinión pública con respecto a la promoción de la vacunación y realización de pruebas para la detección del COVID-19 en las oficinas privadas de farmacia, lo siguiente:

Consideramos que la vacunación en las oficinas privadas de farmacia pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes, debido a la falta de competencias profesionales que tienen los farmacéuticos para la vacunación en todos sus aspectos y la preocupante apertura de una nueva línea de negocio privado relacionado con la asistencia sanitaria basada, claramente, en intereses económicos.

La realización de pruebas diagnósticas para COVID en las farmacias representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos. La recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica. Otros aspectos, como la confluencia de pacientes por distintos motivos en la farmacia, en espacios reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, etc., podrían ser un foco de contagio a la población. En su conjunto, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen inviable la utilización de las farmacias para estas pruebas.

En el modelo sanitario público actual, no existe ninguna necesidad de vacunar o realizar pruebas diagnósticas para COVID en una farmacia. Los argumentos esgrimidos sobre la asistencia en farmacias en algún país de nuestro entorno (como Francia o Italia) encuentran una respuesta sólida. Se trata de países donde las farmacias están en régimen de libre competencia, pueden ser gestionadas por otros profesionales sanitarios y pueden instalarse en centros o instalaciones sanitarias. Además, estos países no cuentan con una red de centros de salud tan accesible y solvente como la que existe en nuestro Sistema Nacional de Salud.

Reforzar la asistencia en Atención Primaria tiene que ser la salida a esta crisis, no desviar la misma estableciendo nuevas vías de lucro relacionadas con la Salud Pública.

Como conclusión:

• Las enfermeras y enfermeros no queremos entrar en conflicto con los farmacéuticos por cuestiones que ya nos reconocen las competencias legalmente establecidas para nuestra profesión, pero nos vemos obligados a manifestar nuestra posición al respecto.
• Entendemos que pretender usar las farmacias como una extensión asistencial del sistema sanitario, se trataría de una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones, que oculta intereses en términos de beneficio económico para los empresarios farmacéuticos y no un beneficio ni mejora para los ciudadanos. Lo que representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos.
• La Salud Pública debe reforzarse apoyando los servicios públicos y apoyando las competencias de las enfermeras y enfermeros que llevan años demostrando la calidad y eficacia de sus actuaciones profesionales.