El miembro de la Comisión Permanente de la Unión Pedro Martínez Escalona ha comparecido en la comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica para ofrecer el punto de vista de la organización sobre el Proyecto de Ley de caza y gestión cinegética.

El representante de la UAGR‐COAG ha afirmado que nos encontramos en un contexto de extrema necesidad de gestión de daños por fauna cinegética en nuestro territorio: “Llevamos varios años en continuo incremento de daños a cultivos provocados por especies catalogadas como cinegéticas tanto de caza menor (conejo) como mayor (corzo, jabalí y ciervo) en el valle y en zonas de monte bajo. En los últimos años de pandemia, las restricciones para desarrollar la actividad cinegética en los pueblos han provocado que estos daños aún se disparen más”. Según AGROSEGURO se ha pasado de 123 hectáreas siniestradas en 2017 a más de 1.500 el año pasado, en las que se han pagado 762.730 euros de indemnizaciones por fauna en los cultivos de La Rioja. A esto hay que sumar, según Pedro Martínez, “que el seguro solo se hace cargo a partir del 20% de franquicia, sin olvidar que gran parte de la superficie cultivada en La Rioja no tiene contratada una póliza de seguro, y que si tienes siniestro por fauna en la misma parcela tres campañas seguidas, el seguro ya no te cubre”.

Respecto al ganado, según el miembro de la dirección de la Unión, “preocupa la afección en nuestra sierra de zoonosis cada vez más severas, incrementadas en parte por el mayor número de animales silvestres trasmisores de enfermedades, cuestión que no debe olvidarse cuando se trate de la caza y la gestión cinegética”.

Sobre la Ley actualmente en trámite, Martínez Escalona ha opinado que “hay que dotarla de herramientas ágiles y eficaces que permitan responder adecuadamente ante los desequilibrios graves de fauna que provoquen daños en la agricultura y ganadería en nuestro territorio. Aun habiendo novedades en este sentido, como la declaración de emergencia cinegética, la caza de gestión, el procedimiento de anulación de titularidad de los derechos cinegéticos o la zona de caza controlada, estas nuevas figuras no están suficientemente desarrolladas”.

El agricultor, y también cazador de Quel, ha añadido que es vital que exista también una visión más amplia de este problema y que se legislen, más allá de la actividad cinegética, el equilibrio poblacional y la prevención y gestión de daños por fauna: “Es necesario establecer mejoras del hábitat para determinadas especies donde sean requeridas, como en pastos o en terreno forestal, estableciendo métodos de conteo regulares a lo largo del territorio para conocer la realidad y realizar capturas de ejemplares, independientemente de la actividad cinegética que se haga”.

Además, para lograr la convivencia y un entendimiento entre agricultores, ganaderos, cazadores y ambientalistas, para la UAGR es fundamental establecer un plan regional de prevención de daños y, sobre todo, de indemnización de daños por fauna cuando estos se produzcan, aun habiendo realizado una correcta gestión cinegética en el territorio. Así lo haexpuesto su representante ante los parlamentarios: “Se están produciendo daños a los cultivos en algunos de los cotos de caza en los que se hace todo lo que está en manos de los titulares del coto y, por supuesto, de los cazadores. En algunos de los cotos con más daños por fauna los gestores del coto, los cazadores, a día de hoy no tienen más herramientas que emplear, están haciendo todo lo que está en sus manos, pero el problema persiste e incluso aumenta. Los agricultores somos conscientes de ello, pero no podemos soportar tener que asumir las pérdidas económicas que suponen esos daños en nuestras parcelas, máxime en una situación de rentabilidad en el campo escasa, o incluso en algunos sectores negativa, motivos por los que hemos salido a la calle miles de agricultores y ganaderos”.

Por último, Pedro Martínez ha lamentado que prácticamente ninguna de las propuestas que la UAGR‐COAG presentó durante la fase de Audiencia Pública hayan sido incluidas en el Anteproyecto de Ley finalmente aprobado por el Consejo de Gobierno.