Desde Amigos de la Tierra La Rioja «hemos recibido con satisfacción la confirmación de que el
Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja que presentamos contra el Ayuntamiento de Ezcaray por negarse a facilitarnos información ambiental de interés público. Esta decisión supone un avance importante en la apertura del proceso y recuerda la necesidad de contar con instituciones abiertas, transparentes y garantes de los derechos de participación ciudadana. Tal y como nos ha trasladado la oficina del Defensor del Pueblo, nuestra denuncia cumple con los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/1981, que regula esta institución. A partir de ahora, se iniciarán las diligencias correspondientes con el Ayuntamiento de Ezcaray, y se nos informará del contenido de las respuestas que se obtengan y de los pasos que se sigan.

Consideramos que este proceso pone en evidencia la importancia de que los poderes públicos rindan cuentas ante la ciudadanía, especialmente cuando se trata de organizaciones sociales que trabajamos por la defensa del bien común y la protección del entorno. Acceder a la información ambiental no solo es un derecho recogido en nuestra norma o en acuerdos internacionales, sino también una condición imprescindible para garantizar una democracia sana y participativa. Cada vez que se niega el acceso a la información ambiental disponible consideramos que se puede estar atentando a los principios de transparencia, eficacia y buen gobierno.

Nuestra denuncia nace del silencio reiterado del Ayuntamiento de Ezcaray, que se negó a facilitarnos la información relativa a la instalación de una vía ferrata en la Peña San Torcuato. Desde el primer momento consideramos que este proyecto podía suponer una amenaza para el desarrollo sostenible del entorno y para la conservación de diferentes especies presentes en la Peña San Torcuato. Solicitamos acceso a la documentación técnica y ambiental relacionada con la actuación, pero el Ayuntamiento optó por ocultar esa información, vulnerando así nuestro derecho (y el de toda la ciudadanía) a conocer, opinar y participar en decisiones que afectan directamente al patrimonio natural común.
 
Para nosotras y nosotros, que el Defensor del Pueblo tome en serio esta situación es un paso esperanzador. Significa que las instituciones pueden y deben responder cuando se vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información pública. No podemos normalizar el silencio administrativo ni la falta de respuesta: son formas de desprecio hacia el interés colectivo y hacia las personas que conformamos la sociedad civil.

Reafirmamos nuestro compromiso con la vigilancia institucional y el respeto por los derechos democráticos. Seguiremos exigiendo transparencia, responsabilidad pública y respeto al medio ambiente, tanto en Ezcaray como en el resto del territorio riojano».