El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, acompañado por los portavoces de la Plataforma logroñesa para la defensa de las pensiones públicas, Pedro Gómez, y Pablo Benito, ha reclamado que “el pleno del Ayuntamiento de Logroño inste a las entidades financieras que operan en Logroño a que refuercen sus recursos para ofrecer un servicio adecuado durante el horario de oficina a las personas mayores que no puede acceder a las gestiones ‘on line’”. Asimismo, el portavoz regionalista considera que “el Gobierno de España debe articular la defensa de la tercera edad, buscando fórmulas que supriman el cobro de comisiones de mantenimiento a los pensionistas”.

El Concejal del PR+ ha presentado una moción, tras escuchar las reivindicaciones de los miembros de la Plataforma para la defensa de las pensiones públicas, que llevan años manifestándose, todos los lunes, defendiendo la dignidad de las pensiones, exigiendo garantías al Estado para que las futuras generaciones podamos cobrarlas y, ahora, denunciando las comisiones bancarias que deberemos soportar.

Según los datos de Antoñanzas, tras la crisis de 2020, la banca española ha llevado a cabo el cierre de sucursales, despidos de  personal y reducción del horario de atención al público para centrarse en las empresas e inversores. A su entender, “con todas estas reducciones, la banca aspira a cobrar nuevas y cuantiosas comisiones, que terminaremos pagando la ciudadanía”.

“Como se dispone de menos personal y con un horario de atención al público al público más reducido, muchas de las gestiones que se hacían por ventanilla, ahora nos obligan a realizarlas vía internet o mediante cajero automático”, ha explicado el concejal. Sin embargo, en opinión de Antoñanzas, “hay personas a las que les cuesta mucho operar con el cajero automático o que no se fían de dar por internet su número de cuenta”. En ese sentido, ha añadido, “hay un número considerable de personas, sobre todo mayores, que nos han manifestado sentirse incapaces de hacer frente al lenguaje de las máquinas sin la presencia de una persona que les ayude a entenderlo. Sienten inseguridad y estrés, nos han explicado. Muchas veces, la gestión de las cuentas termina realizándose por familiares, hijos, yernos, nietos… lo que implica, a su vez, menos capacidad para ser autosuficientes”.

Asimismo, el Partido Riojano ha denunciado la eliminación de cajeros automáticos en muchos municipios de La Rioja, un servicio que consideran básico para mantener la población en el medio rural. A su juicio, “es obligación de todas las administraciones acabar con el déficit de servicios financieros que sufren nuestros pequeños pueblos, provocado por el cierre de 200 oficinas en los últimos años sólo en La Rioja. Aunque existe la posibilidad de hacer gestiones ‘on line’, hay miles de riojanos que no disponen de un cajero automático en su localidad para realizar simples operaciones del día a día como retirar dinero en efectivo”.

Por otro lado, ha añadido Antoñanzas, “la fusión de Bankia y Caixa traerá para La Rioja la pérdida de 123 empleos, la mitad de ellos personas mayores de 50 años que, lamentablemente, tendrán más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Tendremos 123 familias riojanas, muchas de ellas Logroñesas, que pasarán por la angustia y dificultades que supone perder su trabajo y pasar a depender de las prestaciones del Estado”.

“Los ayuntamientos debemos dar seguridad a nuestros mayores”

El portavoz del Partido Riojano considera que “los ayuntamientos no podemos quedarnos ajenos a la deshumanización de las entidades financieras, al incremento de comisiones, etc. Al contrario, debemos intentar dar seguridad y protección a la ciudadanía. El propio Ayuntamiento de Logroño ya no admite el pago en efectivo, es imprescindible que todo logroñés disponga de una cuenta bancaria para operar con su consistorio”.

Antoñanzas está convencido de que “es necesario resolver este problema, en nuestra opinión, la tercera edad está siendo maltratada por la banca, con el agravante de que, en muchos casos, se vendieron productos de riesgo con publicidad engañosa, como las preferentes. Los bancos quieren los ingresos de las pensiones, muy mermadas en su mayoría, pero cobrando desproporcionadas comisiones de mantenimiento”.

El portavoz regionalista lamenta que “la fragilidad física, cognitiva, la soledad, los miedos, la inseguridad económica de las personas mayores, pueden hacer que algunas personas acepten planteamientos financieros que benefician mucho más a la institución que a la persona mayor. Nos referimos a la renta garantizada, la hipoteca inversa, la renta para mayores… productos para enriquecerse a costa de quien tiene más necesidad”.

Por todo ello, Antoñanzas reclama en el texto de su moción que “el pleno del Ayuntamiento de Logroño inste a las entidades financieras que operan en la capital riojana a que refuercen los recursos para ofrecer un servicio adecuado durante el horario de oficina, cubriendo las necesidades de todos los usuarios y, en especial, de la gente mayor que no puede acceder a las gestiones ‘on line’ y se ve abocada a situaciones penosas al acudir a las oficinas bancarias”.

El concejal regionalista ha pedido también que “se traslade a la Federación Riojana de Municipios el debate sobre las comisiones bancarias y la pérdida de servicios que afectan a la población jubilada, articulando propuestas para proteger a este sector de la población, que se llevarán también a la federación española (FEMP)”.

“Ofrecer información pertinente, legal y transparente”

Antoñanzas entiende que “el Ayuntamiento de Logroño tiene que instar al Gobierno de España para que articule la defensa de la tercera edad, buscando fórmulas que supriman el cobro de comisiones de mantenimiento a pensionistas y se centren en ofrecer servicios de calidad especializados para atender las diferentes necesidades, dando así respuesta a cada usuaria y usuario”.

Finalmente, el portavoz regionalista ha reclamado que “el Ejecutivo central mejore la legislación para obligar a las entidades bancarias a proporcionar, a las personas jubiladas, la información adecuada y pertinente, adaptada a sus capacidades, legal y transparente, sobre los servicios y productos que ofertan”.