El presidente del Ejecutivo regional explica que el anteproyecto contempla la continuidad de sedes desplazadas en función de circunstancias como el carácter uniprovincial de la comunidad, criterio propuesto por La Rioja.

El presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha expresado su satisfacción porque el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, “permite mantener los juzgados de Calahorra y Haro como están, tal y como afirmé hace dos años y hemos reiterado en diversas ocasiones, porque la voluntad de este Gobierno y de su presidente es mantener los juzgados”.

Con este objetivo, según ha explicado Pedro Sanz, el Ejecutivo riojano ha trabajado duro y ha buscado fórmulas que “blindasen esta situación a futuro”. Así, ha afirmado que el artículo 84 del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial incluye, entre las circunstancias a valorar para mantener las sedes desplazadas de los tribunales provinciales, el carácter uniprovincial de la comunidad autónoma, criterio propuesto por el Gobierno de La Rioja al Ministerio de Justicia.

En concreto, el artículo 84 del citado anteproyecto de Ley señala que “en la Ley de Demarcación y Planta Judicial podrán establecerse sedes desplazadas de todas o algunas de las Salas de los Tribunales Provinciales de Instancia en aquellas ciudades del territorio provincial en las que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estuvieran radicadas sedes judiciales distintas de los Juzgados de Paz, en atención a la valoración conjunta de las siguientes circunstancias (….)”.
El presidente del Ejecutivo riojano ha señalado que para mantener las sedes judiciales de Calahorra y Haro “podríamos acogernos a los puntos 8 y 9, que señalan circunstancias como la existencia, estado y posibilidad de aprovechamiento de edificios e infraestructuras judiciales existentes en la sede desplazada y posibilidad de amortización y de recuperación de las inversiones efectuadas en los edificios e infraestructuras judiciales de la sede desplazada, pero estas circunstancias no blindaban la situación como el carácter uniprovincial de la comunidad autónoma”.

Además, el anteproyecto contempla que las comunidades autónomas dispondrán de un año, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, para remitir al Gobierno central su propuesta de organización en materia de demarcación territorial correspondiente a su ámbito territorial y competencial.

Por otra parte, Pedro Sanz ha recordado que en abril de 2012 él mismo informó públicamente de la conversación mantenida con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que dichos juzgados se mantuvieran como están. En aquella conversación, según ha recordado, el ministro le confirmó que serían las comunidades autónomas las encargadas de decidir la organización que consideren más conveniente en su territorio y él, por su parte, trasladó a Ruiz Gallardón la voluntad del Ejecutivo riojano de “dejar las sedes judiciales como están tanto por motivos de cohesión y vertebración territorial como por sus efectos socioeconómicos”.

Por último, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones políticas para trabajar en beneficio de los riojanos en vez de “provocar alarma” con la amenaza del cierre de los juzgados y que “reconozcan ahora el trabajo realizado por el Gobierno de La Rioja”.