Desde la experiencia diaria en las aulas, donde las consecuencias de muchas decisiones sociales se manifiestan antes de que entren en la agenda política, la decisión de Francia de limitar el acceso de los menores a las redes sociales no se percibe como una medida exagerada ni como un gesto autoritario, sino como una respuesta necesaria a una realidad que los docentes llevamos tiempo señalando sin demasiado eco. El aumento de la fatiga, la dispersión constante, la ansiedad creciente y la dificultad para sostener la atención no son fenómenos aislados ni fruto de una generación menos capaz, sino síntomas de un entorno que exige madurez emocional a edades en las que todavía se está construyendo.

Durante demasiado tiempo, el debate público sobre las redes sociales y la infancia ha quedado atrapado en una simplificación peligrosa, según la cual cualquier intento de regulación se interpreta como un ataque a la libertad individual o como una postura contraria al progreso tecnológico. Sin embargo, desde la educación resulta evidente que el problema no es la tecnología en sí, sino la ausencia de criterios claros sobre su uso temprano y desregulado. La digitalización está plenamente integrada en nuestros centros educativos, forma parte del currículo y constituye una herramienta valiosa cuando se utiliza con objetivos pedagógicos definidos. Confundir este avance con la defensa del acceso ilimitado a plataformas comerciales diseñadas para captar atención es una distorsión interesada que conviene señalar con claridad.

Las redes sociales no son espacios neutros ni inocuos. Funcionan a partir de algoritmos que premian la exposición constante, la comparación permanente y la validación inmediata, dinámicas que resultan especialmente problemáticas cuando se introducen en edades tempranas, en un momento vital marcado por la construcción de la identidad y la fragilidad emocional. Desde el aula vemos cómo conflictos que nacen en el entorno digital se trasladan al espacio escolar, cómo el descanso se ve alterado por una conexión permanente y cómo la capacidad de concentración se resiente de forma preocupante. Negar esta relación es ignorar una evidencia que ya no puede considerarse anecdótica.

En este contexto, la decisión de Francia resulta valiente porque rompe con una inercia institucional que durante años ha optado por trasladar la responsabilidad casi exclusivamente a las familias y a la supuesta autorregulación de las plataformas tecnológicas. Como docentes sabemos que no todas las familias disponen de los mismos recursos, del mismo tiempo ni del mismo conocimiento para poner límites efectivos, y que pedirles que compitan con empresas cuyo modelo de negocio se basa en generar dependencia no es realista. Regular no es censurar ni prohibir sin criterio, sino asumir que la protección de los menores no puede quedar relegada al ámbito privado.

Este paso, además, no es aislado. A finales de 2025, Australia aprobó una legislación que prohibía el acceso a redes sociales a menores de dieciséis años, reforzando la idea de que esta preocupación no responde a una moda regulatoria ni a un contexto específico, sino a una inquietud compartida por sociedades y sistemas educativos muy distintos. Cuando países con trayectorias y culturas diferentes coinciden en la necesidad de intervenir, resulta difícil seguir sosteniendo que se trata de una reacción exagerada.

Uno de los argumentos más repetidos contra este tipo de medidas es que prohibir no educa, una afirmación que, aunque bienintencionada, ignora cómo funciona realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Educar no implica ausencia de límites, sino la construcción progresiva de un marco que permita aprender con seguridad. En la escuela, las normas no se conciben como un obstáculo, sino como una condición para el aprendizaje y la convivencia. Del mismo modo, el acceso al entorno digital debería ser gradual, acompañado y ajustado a la madurez de cada etapa, en lugar de plantearse como una exposición temprana y sin filtros a dinámicas que incluso muchos adultos tienen dificultades para gestionar.

La creciente evidencia sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil refuerza esta necesidad de intervención. El aumento de la ansiedad, los problemas de autoestima, los trastornos del sueño y la presión constante por encajar en modelos irreales no son conceptos abstractos, sino realidades que se reflejan en el día a día escolar. Pretender que los menores desarrollen por sí solos herramientas de autorregulación en un entorno diseñado para desbordarlas es una forma de negligencia social que se ha normalizado con demasiada facilidad.

También se argumenta que estas leyes serán difíciles de aplicar y que muchos menores encontrarán la forma de esquivarlas. Probablemente sea cierto. Pero las leyes no solo existen para garantizar un cumplimiento perfecto, sino para marcar un marco ético y social que establezca prioridades. Francia y Australia han decidido enviar un mensaje claro. La infancia necesita protección también en el espacio digital.
Desde la perspectiva docente, esta decisión no supone un freno a la digitalización, sino un respaldo a la tarea educativa. Reconocer que no todo lo digital educa y que no todo acceso es progreso es un primer paso imprescindible. Porque educar no es solo transmitir contenidos, sino también cuidar los contextos en los que ese aprendizaje se produce. Y en ese sentido, poner límites no es retroceder. Es, sencillamente, asumir responsabilidades.

Antonio Hernández Lobo, Director del IES Rey Don García