Por Óscar Salazar, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG).

Recientemente el maestro heladero Fernando Sáenz acertaba a resumir en una expresión la situación que atraviesan los viticultores riojanos: “vinos de sangre”. «Criticáis los vinos naturales mientras bebéis vinos de sangre», decía. Una sentencia breve, pero tan certera que se clava como un cuchillo en la conciencia. Porque no hablamos solo de un neologismo ingenioso, sino de la descripción exacta de lo que está ocurriendo la DOC Rioja. Porque, aunque el márquetin pretenda que todos los vinos son artesanos, sostenibles y de autor, son pocos los que cuentan la verdad de su origen. Muchos, incluso, se alzan como símbolos de excelencia cuando en realidad son vinos de sangre: elaborados con uvas pagadas a precio de saldo, arrancadas de la dignidad de quienes trabajamos la tierra y apenas sobrevivimos con ello.

Pero mientras los viticultores arrastran su sexto año de cobros en el filo o muy por debajo de los costes de producción, a otros agentes del sector del vino les va muy bien. Me refiero, claro está, a las grandes bodegas que no tienen vergüenza en publicar beneficios millonarios año tras año, mientras siguen anunciando inversiones millonarias en bodega y acaparando cada vez más hectáreas del viñedo (en estos momentos quizá más del 30% del viñedo riojano está ya en sus manos). Y así, mientras celebran el centenario de la Denominación, homenajean la grandeza de Rioja a la vez que condenan a muerte a quienes la sostienen.

Por el contrario, mal o muy mal les va a las pequeñas bodegas y a los cosecheros, por lo que no extraña que estén desapareciendo en los últimos años. Y también muy mal les va a las cooperativas de los viticultores, muchas de las cuales están en la ruina. O a los demás viticultores, que también están abandonando un oficio que tanto ha reportado a la economía de los pueblos, manteniéndolos. Decíamos a principios de año que por primera vez el número de agricultores y ganaderos profesionales bajaba de los 4 000 en La Rioja. Ya veremos a fin de año los que quedamos…

Y todo esto sucede porque con la uva pasa lo mismo que con el resto de alimentos que cultivamos: no hay un reparto justo en la cadena de valor. El abuso de la posición de domino de las bodegas, de los mayoristas de fruta o de hortaliza, de los almacenistas de cereal, es lo que nos lleva a esta situación crítica que atravesamos en el sector primario.

Como esto viene de lejos, ya en 2013 los gobernantes de entonces aprobaron una pomposa Ley “de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria”, normativa supuestamente mejorada más adelante. Pero, ¿de qué sirve una Ley, si no se cumple? Y más aún, ¿por qué no se cumple esta Ley? Pues muy sencillo: porque quien la tiene que hacer cumplir mira para otro lado.

Es como si una pareja de la Guardia Civil está mirando el escaparate de una joyería mientras dentro 2 encapuchados están robando; salen por la puerta delante de los guardias, pero les dejan marchar sin hacer nada. Pues eso mismo es lo que está haciendo el órgano competente de hacer cumplir la Ley de la Cadena en La Rioja, la Dirección General de Desarrollo Rural (dependiente de la Consejería de Agricultura). Es decir, por un lado, la Consejería publica unos costes de producción que certifican que la mayoría de los viticultores cobran muy por debajo de los costes de producción, año tras año, pero por otro incumple su obligación de impedir que siga ocurriendo.

De seguir así, esta consejera y este presidente pasarán a la historia como los que, buenas palabras aparte, permitieron ni más ni menos que desapareciera el sector agrario riojano. Por cierto que el presidente Capellán se reunió el año pasado con todo el sector vitivinícola, pero no tenemos aún ni las conclusiones de aquellas reuniones ni para qué sirvieron. Por eso le pedimos una nueva reunión a finales de año, pero todavía estamos a la espera de sus noticias.

Alguno se preguntará si el Ministerio tiene algo que decir en este asunto. ¡Pues claro que sí! Pero su titular, Luis Planas, lleva años defendiendo más a las grandes corporaciones que a los agricultores y a los ganaderos. Todavía la mayoría del sector primario español está en manos de quienes lo trabajamos, pero pronto puede dejar de ser así, porque ya hay varios subsectores dominados por fondos de inversión y enormes terratenientes; o, como en La Rioja, por grandes bodegas.

Por cierto que Planas, desde 2019, ha venido al menos 5 veces a La Rioja. Pero ninguna de ellas ha tenido 5 minutos para reunirse con los legítimos representantes de los agricultores y de los ganaderos riojanos. Eso sí, visita a grandes bodegas nunca falta en su agenda.
Lamentablemente es lo que tenemos, y no solo en el sector del vino. Ganaderos ya casi no quedan, ni hortelanos, mientras que apenas sobreviven los que se dedican a la fruta. Por no hablar de los cereales, donde la crisis es ya también de proporciones descomunales. Otro sector, dicho sea de paso, que se está quedando en manos de grandes operadores, como las empresas integradoras, que no solo se están haciendo con las granjas de porcino del valle del Ebro, sino que la vez cultivan miles de hectáreas para aprovisionarse del pienso sin comprárselo a los agricultores. Esto, en un país deficitario de cereales, ya que, según el propio Planas, este año necesitaremos importar entre 10 y 12 millones de toneladas.

Todo lo anterior es una triste descripción de la situación que atravesamos los productores de alimentos riojanos. Porque ese y no otro es nuestro objetivo: ganarnos decentemente la vida alimentando a la sociedad. No queremos bajar la calidad de nuestro trabajo para poder competir en el mercado internacional. Siempre habrá alguien que produzca mucho más barato, sin cuidar el medio ambiente, la salud ni a las personas que trabajan en las diferentes campañas. Queremos, primero, que se valore nuestro trabajo. Y eso pasa fundamentalmente por obtener unos precios que nos remuneren claramente por encima de los costes de producción. Así que, si se hizo una Ley porque esto no ocurre, que se haga cumplir de una vez.

Y, en segundo lugar, necesitamos que todas las autoridades públicas (locales, regionales, estatales y europeas) se impliquen de una vez en garantizar que los agricultores y ganaderos no suframos la competencia desleal de los productos llegados de países terceros, esos que inundan los lineales de los supermercados expulsando a los nuestros. Esta implicación para por vigilar que se cumplan los contingentes de importación que se adoptan, incluso aumentándolos. Pero, sobre todo, facilitando el trabajo de quienes trabajamos en el modelo social y profesional de agricultura y ganadería, las pequeñas y medianas explotaciones. Basta ya de tanta burocracia y de tanta traba para cultivar o criar ganado. Necesitamos facilidades, no cada vez más palos en las maltrechas ruedas de quienes habitamos y trabajamos en el medio rural.

Si has llegado leyendo hasta aquí, seguramente pensarás que no digo nada nuevo, ¿verdad? Así es. Pero no por ello hay que dejar de repetirlo y reivindicarlo. Así lo hemos hecho, lo hacemos y lo haremos desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja. Porque nos va la vida en ello.