Así se recoge en un acta de la Junta de Gobierno Local, donde un técnico municipal deja constancia del hecho.

Todo hace referencia a una reclamación de una señora que sufrió una caída en 2017 a la altura del número 18 de la Avenida Bretón de los Herreros al, presuntamente, tropezar con una tapa de registro que el arquitecto, tras inspeccionarla, consideró que estaba en buen estado y dentro de los parámetros en cuanto a barreras arquitectónicas. Por lo que, arquitecto y la compañía de seguros del Ayuntamiento, consideraron que no quedaba demostrado que la tapa originase los daños por los que la ciudadana solicitaba más de 3.000 euros en concepto de indemnización.

La afectada presentó alegaciones al informe técnico, y el acta hace referencia, incluso a que llegó a hablar con un concejal «ajeno al área», fue entonces cuando se solicitó verbalmente un informe del estado de la tapa al nuevo arquitecto, el anterior estaba de baja.

En el acta de la Junta de Gobierno se puede leer textualmente que «en el informe emitido por la Secretaria del expediente en fecha 19/Abril/18, queda probado que ha existido un vicio en la tramitación del expediente de responsabilidad nº 150/18, al ordenar un miembro del órgano político – Sr. García Vargas- un acto de instrucción al margen y con desconocimiento del propio órgano instructor del expediente, consisten en hablar con el nuevo Arquitecto para que emitiese un nuevo informe según su criterio. La realidad de la orden y la emisión de un nuevo informe -1/Marzo/18 son un hecho, resultando que se emite un nuevo informe preceptivo por el Arquitecto -15/Junio/17- y una vez finalizado el trámite de audiencia para los interesados, trámite en el que la interesada presentó alegaciones contra el informe emitido en su  día por el Arquitecto municipal en fecha 15/Junio/17. No consta en el expediente administrativo nº 150/18, que la Secretaria del mismo hiciera advertencia de improcedencia al órgano político…»

Todo esto ha motivado que «al objeto de emitir la correspondiente propuesta de resolución del expediente, procede informar y resolver la anulación de las actuaciones practicadas por el órgano político al suponer un vicio e injerencia improcedente por el anormal procedimiento, así como la retroacción del expediente al momento inmediatamente anterior a la realización del vicio detectado por la Instrucción.

Por estos motivos, la junta de Gobierno Local rechaza la existencia de responsabilidad patrimonial de daños instada por la señora y, en consecuencia, la solicitud de indemnización, así como las alegaciones presentadas y señala que, por razón de la cuantía, no es preceptivo dictamen del Consejo Consultivo.