Como profesor de Geografía e Historia en secundaria y bachillerato, una de nuestras tareas más complejas —y más necesarias— es enseñar el valor de la memoria democrática. No se trata solo de transmitir datos, fechas o nombres, sino de dotar a nuestros jóvenes de herramientas para entender el pasado reciente y el presente en el que viven. Por eso, cada vez que en clase abordamos la historia del terrorismo en España, me doy cuenta de hasta qué punto el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, se está desdibujando en la conciencia colectiva de las nuevas generaciones. Y eso, sinceramente, debería preocuparnos.

Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y asesinado por ETA con un objetivo claro: doblegar al Estado mediante el terror. Tenía 29 años y era concejal del Partido Popular en Ermua. Su ejecución, tras 48 horas de ultimátum y angustia nacional, desató una reacción ciudadana sin precedentes. Aquel clamor espontáneo —el llamado “espíritu de Ermua”— representó un antes y un después en la respuesta social al terrorismo. Por primera vez, el miedo fue superado por la unidad, la dignidad y la defensa pública de la vida y la democracia.

Ese momento de conciencia colectiva debería ocupar un lugar central en la memoria democrática de nuestro país. Y sin embargo, casi tres décadas después, su recuerdo se encuentra cada vez más relegado al ámbito institucional o partidista, cuando debería formar parte del patrimonio cívico común. No se trata de hacer propaganda, sino pedagogía.

Por fortuna, hay instituciones que trabajan para que esto no se olvide. La Fundación Miguel Ángel Blanco lleva años realizando una labor admirable de preservación de la memoria y concienciación social. Gracias a sus exposiciones, materiales educativos y actos conmemorativos, miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, pueden acercarse a la figura de Miguel Ángel y comprender el contexto en el que vivió y murió. Su labor pone rostro a las víctimas y humaniza el relato, alejándolo tanto del olvido como de la simplificación.

Del mismo modo, la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (FCMVT), con sede en Vitoria, desempeña un papel fundamental en la construcción de una memoria plural, rigurosa y digna. Con un enfoque histórico y pedagógico, promueve el reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo, sin importar su origen político o ideológico, y denuncia la violencia como herramienta de imposición. Es un espacio necesario para la reflexión, el aprendizaje y la justicia, así como de difusión de los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo.

Ambas instituciones entienden lo que desde la educación también defendemos que la memoria no es solo un derecho de las víctimas, sino un deber colectivo. Recordar no es abrir heridas, es evitar que se repitan. Es enseñar que la democracia se construye con valores firmes y con el rechazo frontal a la violencia. Es mostrar que hay vidas que fueron truncadas simplemente por representar la libertad de elección, la pluralidad política o el compromiso cívico.

En La Rioja también tenemos nuestra parte en esta historia. Aunque la violencia terrorista se vivió con mayor crudeza en otras regiones, también aquí hubo víctimas, y también aquí el compromiso con la democracia se expresó con fuerza. La memoria democrática no entiende de fronteras autonómicas, es un proyecto nacional de justicia, dignidad y de conciencia.

Por eso, y con la colaboración de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT), desde las aulas riojanas, debemos hacer un esfuerzo por incorporar estos relatos a la formación de nuestros alumnos. No como dogmas ni como discursos ideológicos, sino como lecciones de vida y de historia. Miguel Ángel Blanco no debe ser recordado solo como una víctima, sino como un símbolo de aquello que la sociedad no toleró. Enseñar su historia es enseñar el valor del compromiso cívico frente al fanatismo. Es enseñar que la unidad puede vencer al miedo.

Hoy, cuando el ruido político amenaza con desgastar consensos básicos, la educación en memoria se vuelve más urgente que nunca. No podemos permitir que la figura de Miguel Ángel Blanco quede arrinconada por el paso del tiempo o por la incomodidad política. Su nombre pertenece al patrimonio democrático de este país. Y, como tal, debe ocupar un lugar en la memoria que educa, en la historia que se enseña, y en la conciencia que protege lo que hemos construido juntos.

Antonio Hernández Lobo, profesor de Geografía e Historia y director del IES Rey Don García