La propuesta solicitaba la “anulación de la contratación de un abogado externo, para estudiar posibles acciones legales en defensa de los técnicos municipales, acusados de falta de independencia en el proceso de adjudicación del Plan de Gestión Turística”.

Alberto Olarte fue el encargado de argumentar su petición al considerar que se trata de la mayor “aberración política” que se ha llevado a cabo en el consistorio jarrero.

Los populares aseguraron que el gobierno pretende “callar y amedrentar” a la oposición con este tipo de iniciativas pero “no lo van a conseguir”. El edil, del grupo mayoritario de la oposición destacó que ningún edil del PP ha faltado al respeto a los funcionarios, y solamente se han referido a un pliego de condiciones. Aun así, Olarte les retó a acudir a los tribunales y les advirtió que existen sentencias, de contrataciones de este tipo, que se convierten en prevaricación administrativa”.

Patricia Mateos anunció su voto favorable a la propuesta, se reiteró en todas sus afirmaciones sobre el tema, y aseguró estar a la espera de la citación para el acto de conciliación. No solo eso, y es que la concejal no adscrita acusó a la alcaldesa de “poner trabas” a su labor e informó que el responsable de personal le había hecho firmar un documento de confidencialidad, para poder ver un informe, a instancias de Rivado, algo que la regidora municipal negó.

Manuel Gasalla, del PSOE, aseguró que han tenido que recurrir a la contratación de un abogado externo porque la falta de respeto y educación “se ha convertido en una constante”. El edil socialista destacó que su labor es defender a los trabajadores del Ayuntamiento de Haro.

El portavoz de Ganemos Haro recuerdó que se han vertido acusaciones graves. Y es que Javier Redondo destacó que una cosa es hablar de irregularidades en la forma de licitar un pliego de condiciones, y otra bien distinta, referirse a un posible delito.

Leopoldo García informó que la contratación de un abogado externo no sirve para llevar a la oposición a los tribunales. El portavoz regionalista cree que “no hay que llegar a eso” siempre y cuando se retiren algunas afirmaciones que se han vertido, sobre este asunto, y que conciernen a determinados funcionarios.

El debate se tensó en más de una ocasión, y la alcaldesa dio la palabra a otros ediles como Lidia Arrieta quien aseguró “no dar crédito ante un hecho del que se enteraron a través del gabinete de prensa”. La edil del PP cree que se intuyen acusaciones de su grupo “que no son ciertas”.
Laura Rivado aseguró que su gobierno apoyaría la moción del PP si los ediles de la oposición manifestaban públicamente, en pleno, la convicción de que ningún funcionario había cometido ninguna irregularidad, puesto que su labor era defenderlos.

Finalmente, y tras la falta de acuerdo la moción contó con ocho votos favorables (PP y Patricia Mateos) y los mismos en contra, al no estar presente Natalia Sobrón. Se procedió a una segunda votación donde se rechazó la propuesta con el voto de calidad de la alcaldesa.

Del orden del día tan solo hubo debate en las modificaciones de la zona azul en la Avenida de La Rioja. PP y Patricia Mateos consideran que el tener que aparcar marcha atrás ocasionará problemas, por lo que finalmente se abstuvieron. Los cambios se aprobaron con los votos a favor de los miembros del ejecutivo.