José Ignacio Pérez anuncia que la Abogacía del Estado pedirá una aclaración de la sentencia del Supremo. El Delegado del Gobierno asegura que se cumplirá con la legalidad y se buscará “la fórmula adecuada” para mantener la situación actual.

Por primera vez desde que José Ignacio Pérez Sáenz tomara posesión como delegado del Gobierno, se ha reunido la Comisión de Asistencia al Delegado, con el objeto de analizar la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación a la anulación del Real Decreto 1023/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Convenio entre la Administración del Estado, el Gobierno de La Rioja y la Autopista Vasco-Aragonesa, para la aplicación de medidas de bonificación de peajes a determinados vehículos pesados en la AP-68.

La Comisión de Asistencia al Delegado está presidida por el mismo Delegado del Gobierno e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno.

En este caso, la Comisión ha reunido a los representantes de la Administración General del Estado implicados en la materia concreta sobre la que se ha pronunciado el Tribunal Supremo; Abogacía del Estado, Dirección General de Carreteras, Dirección General de Tráfico, Fomento y Guardia Civil.

El objetivo era el análisis de la reciente sentencia del Tribunal Supremo y la puesta en común de interpretaciones u observaciones derivadas de la misma, dada la confusión que ésta ha provocado.

Cumplimiento de la legalidad

Tras la celebración de la Comisión de Asistencia, el Delegado del Gobierno ha recordado que, al margen de que existan varias interpretaciones de la sentencia, ésta no entra en vigor hasta que no aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado y que, además, hay dos meses de plazo a partir de ese momento para su acatamiento.

Por lo que es importante reseñar que en este momento “se mantiene vigente en las condiciones actuales la prohibición para vehículos pesados de transitar por la N-232”.

Pérez Sáenz ha señalado que las dudas en cuanto a la interpretación de la sentencia del TS radican en dos aspectos fundamentales; “si únicamente afecta al convenio que regula las bonificaciones o a la propia prohibición de circular por la 232”.

En este sentido, y ante las dudas suscitadas, el Delegado ha anunciado que la Abogacía del Estado “pedirá una aclaración de la sentencia”.

Por otra parte, el Delegado del Gobierno apuntaba que en los últimos días ha mantenido conversaciones con el Secretario General de Infraestructuras, con Fomento y con la Dirección General de Tráfico a fin de analizar este asunto y añadía que, siempre dentro de la legalidad, “se buscarán las fórmulas adecuadas para cumplir con los requisitos del Tribunal Supremo y mantener la situación actual”, es decir, la prohibición a los vehículos pesados de circular por la N-232.

Pérez Sáenz indicaba que, si bien es un gran defensor del “legítimo cauce de defensa” del que disponen las entidades privadas para reivindicar sus interés, la medida de desvío de camiones a la AP-68 se ha demostrado altamente eficaz en los últimos meses en lo que a la reducción de la siniestralidad vial se refiere.

Por eso, indicaba Pérez Sáenz, “que el desvío se mantenga tal y como es un principio fundamental desde el punto de vista de la Seguridad Vial”.