El Gobierno de La Rioja y los 15 ayuntamientos de La Rioja afectados por la firma de Convenios por el “Gobierno en funciones” del Partido Popular consensúan evitar un proceso judicial y solucionar la situación planteada a estos municipios y los perjuicios a los ciudadanos. El Ejecutivo planteará en esta legislatura una nueva Ley de Financiación Local que elimine la arbitrariedad en la inversión de los recursos públicos.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, el Consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y el director general de Política Local, Ricardo Velasco, se han reunido  con los alcaldes de los 15 municipios cuyos ayuntamientos firmaron 16 convenios de cooperación con la extinta Consejería de Fomento y Política Territorial mientras el Ejecutivo se encontraba en funciones.

Una reunión en la que Andreu ha culminado un proceso con los 15 municipios, se ha alcanzado un consenso a partir del periodo de consultas iniciado por el ex consejero socialista de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, el pasado mes de junio.

Pese a que los convenios firmados por el gobierno en funciones planteaban serias dudas de legalidad dado que algunos de ellos no estaban contemplados en el Plan Estratégicos de Subvenciones, tanto la Oficina de Control Presupuestario como la Intervención General ya advirtieron del grado de discrecionalidad en la concesión y la insuficiencia presupuestaria para llevarlo a efecto, hasta el punto de que, el Consejo de Gobierno tuvo que aprobar una modificación de 4,5 millones de euros para afrontar los compromisos adquiridos.

Por todo ello, con el objetivo de salvaguardar el interés general, el Consejo de Gobierno aprobó la suspensión de la ejecución de los convenios y el inicio del procedimiento de lesividad preceptivo, considerándolo el más adecuado por abrir un proceso de consulta y negociación con los ayuntamientos, entendiendo que éstos no son responsables de la mala práctica en la que haya podido incurrir el anterior Gobierno regional.

“El objetivo de este procedimiento de lesividad siempre ha sido buscar la solución menos gravosa posible para todos de modo que los vecinos de los municipios no se vean perjudicados por la pésima gestión desarrollada por el PP en materia de política local, comprometiendo recursos cuando ya sabía que no iba a gobernar, actuando en funciones”, ha explicado Andreu.

Más de 4,1 millones de euros

Los 16 convenios de cooperación se firmaron entre la Consejería de Fomento y Política Territorial del anterior Ejecutivo regional con 15 ayuntamientos entre el 2 julio y el 14 de agosto de 2019. Durante este periodo, el titular de dicha consejería suscribió 16 convenios por un valor de 4.114.429,94 euros con los ayuntamientos de Berceo, Tudelilla, Manzanares de Rioja, Leza de Río Leza, Ajamil de Cameros (Torremuña y Larriba), Ocón, Nalda, Casalarreina, Cirueña, Tobía, Alcanadre, Bobadilla, Huércanos, Sojuela y Viniegra de Arriba, por los que a estos consistorios se les concedió de forma directa subvenciones para la realización de diferentes obras.

Tal y como ha explicado la presidenta del Ejecutivo regional, “muchos de los convenios están ya en fase de ejecución, por lo que consideramos que lo más adecuado era abrir este procedimiento y tratar de alcanzar soluciones con todos los afectados”.

Así, se mantendrían los convenios de colaboración al entender que esta actuación supone el respeto al principio de legalidad y que el inicio de un proceso judicial sería en todo caso negativo para los ayuntamientos, para el Gobierno de La Rioja y específicamente para la población en general.  Igualmente permitirán destinar recursos previstos para este año en una coyuntura económica difícil y que debe apoyar la reconstrucción socioeconómica de La Rioja.

En definitiva, una solución que revierta en parte esta firma irregular de convenios que supuso la culminación de décadas de nefasta gestión del PP y con los que la anterior Consejería de Fomento y Política Territorial intentó pagar favores y servicios prestados dentro de su partido a costa de los impuestos de todos los riojanos.

En cualquier caso, Andreu advierte de que el Gobierno de La Rioja ha puesto punto y final a estas dudosas prácticas en la inversión de los recursos públicos y el Gobierno de La Rioja va a proponer un nuevo modelo de financiación más justa y coherente y que colabore en la estrategia global de desarrollo de esta comunidad en lugar de la política sectaria, arbitraria y clientelar que ha promocionado el PP durante 24 años de Gobierno.

“A lo largo de la legislatura elaboraremos una Ley de Financiación Local para eliminar la arbitrariedad en la inversión de los recursos públicos porque este Gobierno entiende que la política respecto a los ayuntamientos tiene que estar basada en la equidad y en el interés general de los habitantes de esas localidades”.

“El Gobierno de La Rioja elaborará dicha Ley a lo largo de esta legislatura”, ha concluido Andreu, “porque los convenios de colaboración con las entidades locales tienen que dejar de ser un instrumento para beneficiar a ayuntamientos afines y perjudicar a otros gobernados por otro color político”.