La falta de personal de Correos en Haro salta al Parlamento de La Rioja y se exigirá al Gobierno central el refuerzo urgente de las plantillas en toda la comunidad

El sector postal de UGT Servicios Públicos La Rioja ha promovido una campaña de recogida de firmas ante el progresivo deterioro del Servicio Postal Universal en la comarca de Haro, logrando el respaldo unánime de todos los alcaldes y alcaldesas de los 33 Ayuntamientos integrados en la Unidad de Reparto.
Lo que comenzó como una reivindicación concreta para reforzar la plantilla en Haro, ha terminado por situar el debate en el conjunto de la comunidad autónoma, ya que es no es la primera vez que UGT Servicios Públicos denuncia este tipo de situaciones, y en muchos pueblos riojanos siguen sufriendo el incumplimiento de plazos en el reparto de notificaciones, paquetería y correo ordinario.
UGT ha denunciado en numerosas ocasiones que la empresa postal sigue sin cubrir muchas vacantes que se producen en La Rioja por jubilaciones, vacaciones, permisos, licencias y asuntos propios. De este modo, UGT denuncia el incumplimiento del Servicio Postal Universal y exige que se subsane esta situación de inmediato.
El Parlamento de La Rioja ha aprobado con la abstención de VOX una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno de España a reforzar de forma urgente las plantillas en todas las oficinas de La Rioja, con especial atención a los núcleos rurales y pequeños municipios. La iniciativa reclama igualmente que se garantice la apertura diaria y estable de todas las oficinas durante todo el año, asegurando la cobertura de bajas y vacaciones mediante contrataciones suficientes.
Sin plantilla suficiente en la Unidad de Reparto de Haro
UGT Servicios Públicos ha trasladado formalmente su preocupación por la precariedad estructural que afecta a la Unidad de Reparto de Haro y, en consecuencia, a las 33 localidades que dependen de ella: Cuzcurrita de Río Tirón, Ochánduri, San Vicente de la Sonsierra, Leiva, Foncea, Fonzaleche, Rodezno, Gimileo, Tirgo, Cidamón, San Torcuato, Ábalos, Briñas, Baños de Rioja, Castañares de Rioja, Casalarreina, Briones, Ollauri, Villalba de Rioja, Galbárruli, Agoncillo, Villaseca, Sajazarra, Cellorigo, Cihuri, Treviana, Zarratón, Tormantos, Villalobar de Rioja, Herramélluri y Haro.
En los últimos años se han amortizado varias plazas de reparto, tanto rurales como urbanas. Cada puesto suprimido incrementa la carga de trabajo del resto de carteros, que deben asumir más kilómetros. Incluso cuando la plaza amortizada corresponde al ámbito urbano de Haro, los carteros rurales se ven obligados a reforzar el reparto en la ciudad.
La plantilla mantiene el servicio gracias al sobreesfuerzo constante, pero la falta de efectivos impide garantizar estándares adecuados de calidad. En 2025 se acometió un reajuste del personal rural en Haro, pasando de diez a ocho carteros. Esa cifra situaba la dotación en el mínimo operativo. Cuando el número disminuye durante varios días por una baja médica o un periodo vacacional, la acumulación de correspondencia se incrementa y se genera un efecto tapón difícil de revertir.
A finales de diciembre se jubiló uno de los cuatro carteros urbanos de Haro; y cuando uno de los carteros urbanos disfruta de vacaciones o causa baja, su puesto no se cubre y su zona se redistribuye entre los compañeros hasta su reincorporación. Por ejemplo, entre el 23 y el 28 de febrero, uno de los carteros urbanos se encuentra de vacaciones sin que su plaza haya sido cubierta. De este modo, dos carteros urbanos, con el apoyo de los ocho rurales, deben asumir el reparto íntegro de Haro. El resultado es que, tanto en la ciudad como en las 33 localidades dependientes, la distribución de correspondencia se está realizando una o dos veces por semana, incumpliendo los plazos establecidos.
Campaña de recogida de firmas
Las primeras quejas formales se produjeron en enero, cuando los propios carteros de Haro trasladaron su malestar por la situación de la unidad. UGT reclamó a la dirección la incorporación urgente de un cartero adicional que permitiera garantizar un servicio adecuado. La respuesta fue negativa, y argumentaban supuestos problemas de productividad sin abrir un proceso de diálogo efectivo con la representación sindical.
Ante la ausencia de soluciones, UGT Servicios Públicos decidió dar visibilidad pública al problema, y tampoco entonces se produjo reacción por parte de la dirección de Correos. A finales de enero el malestar en la plantilla era evidente y hubo amagos de huelga.UGT optó por trasladar la situación a los ayuntamientos afectados y recabar firmas de apoyo. Todos los alcaldes y alcaldesas han suscrito una declaración institucional en la que:
• Defienden el carácter público del servicio e instan a Correos a dotar a la Unidad de Reparto de Haro de los medios personales necesarios, con una plantilla suficiente para absorber la carga real de trabajo.
• Exigen el cumplimiento estricto del Servicio Postal Universal, especialmente en lo relativo a los plazos de entrega. Subrayan que los retrasos en notificaciones institucionales y citas médicas perjudican de forma especial a las personas mayores y a quienes no utilizan medios digitales.
• Reconocen el compromiso y la profesionalidad de la plantilla, dejando constancia de que las deficiencias actuales no son responsabilidad de los trabajadores, sino consecuencia directa de la falta de cobertura de puestos.
Un servicio esencial que no puede fallar
El servicio que presta Correos continúa siendo esencial para miles de ciudadanos, especialmente en entornos rurales y entre la población de mayor edad.
Retrasos en la recepción de citas médicas o notificaciones oficiales no solo generan perjuicios individuales, sino también costes adicionales para la administración. Una prueba diagnóstica o una intervención que no se realiza por un fallo en la notificación implica duplicar recursos y demorar la atención sanitaria.
Del mismo modo, la falta de entrega en plazo de notificaciones administrativas puede derivar en problemas legales y gastos añadidos tanto para la Administración como, en determinados casos, para el propio sistema judicial. Autónomos y empresas tampoco pueden justificar ante la administración tributaria el incumplimiento de sus obligaciones alegando deficiencias en el reparto postal.
