El PR+Riojan@s denuncia «la privatización encubierta de la Formación Profesional en los centros educativos de La Rioja»

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) denuncia «la paulatina privatización de la Formación Profesional que se está produciendo en La Rioja en los últimos años, concretamente desde que el PP recuperó el Gobierno en 2023, con una desinversión planificada de los recursos públicos motivando que parte del alumnado opte por continuar sus estudios en los centros privados concertados.
En este sentido el Gobierno autonómico de Gonzalo Capellán está aplicando una estrategia de eliminar o no invertir lo suficiente en la oferta pública en las cabeceras de comarca y, por otro, derivar la creación de nuevas aulas hacia la red privada concertada.
La falta de inversión en la red pública se traduce en no contar con suficientes profesores acreditados para las diferentes formaciones, con retribuciones insuficientes o trabas en la planificación de horarios, pero también en el desinterés en los recursos materiales, que no son actualizados o repuestos cuando estos se deterioran, rompen o han quedado obsoletos. “El alumnado se ve obligado a elegir la concertada a sabiendas de que, al ser estudios de implantación reciente, el equipamiento será más actual y estará en mejor estado”, apunta la presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán.
“No cabe duda que los grados medios y superiores tienen una gran empleabilidad y en el PR+Riojan@s somos muy conscientes de que es necesaria una gran apuesta por ellos, pero debe priorizarse la inversión de los recursos públicos en la red educativa pública antes que en la privada y la concertada, que deberían utilizarse allí donde no lleguemos con los recursos públicos”, concreta.
En cuanto a las privatizaciones encubiertas, cabe señalar que, desde 2023, se han creado 30 nuevas unidades en centros privados concertados, frente a las 16 nuevas unidades en centros públicos. Esto se traduce en que el 65% del crecimiento de la FP en La Rioja se ha derivado a la red concertada, dejando solo un 35% para la pública.
“En las últimas semanas hemos conocido que los centros públicos de FP de Santo Domingo y Alfaro han perdido el Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos, una enseñanza vinculada al turismo, un sector clave en la comarca; y el Grado Básico en Aprovechamiento Forestal, un ciclo ligado al territorio y al empleo verde de la región muy demandado entre aquellos estudiantes que abandonan la educación obligatoria pero quieren tener conocimientos útiles para su futuro laboral, especialmente en el vinculado al campo”.
De las 30 nuevas unidades privadas-concertadas creadas, 26 se han ubicado en Logroño y solo 4 en el resto de la comunidad. Por contra, la pública solo sumó 8 unidades en Logroño y otras 8 en el resto de La Rioja. «Una vez más se dan oportunidades en la capital en detrimento de las zonas rurales, que luego nadie en el Gobierno se explica por qué se vacían. Quizá si dejaran de mirarse el ombligo se darían cuenta de que unos 150.000 riojanos vivimos fuera de Logroño y queremos seguir haciéndolo si nos dejan», indica.
Por otro lado, si bien desde el PR+Riojan@s se ha recibido con satisfacción el anuncio de construir un Centro Integrado Público de FP en Calahorra, “no nos olvidamos que también se prometió una ampliación en este sentido para el IES La Laboral, situado entre Logroño y Lardero, de la que poco se sabe”.
En los últimos años también «hemos detectado que se autorizan y conciertan ciclos formativos en centros privados que ya se ofertaban en la red pública, con éxito de alumnado, y que, lejos de cubrir vacantes, lo que hacen es desviarlo (y con ellos los recursos económicos públicos) hacia empresas privadas a las que se les garantiza el concierto a los dos años de implantar el ciclo. Y, por si fuera poco, algunas de estas empresas formativas realizan acuerdos abusivos con otras empresas para la realización de prácticas que suponen una exclusividad, con pagos entre ellas, que implica trabas para las prácticas formativas en el alumnado de centros públicos».
Por último, la nueva normativa exigirá para el curso 2028-2029 que las ratios de alumnos bajen a 25 alumnos por aula, pero sin la inversión y previsión suficiente, “todo parece indicar que se perderán muchas plazas en los centros públicos más masificados al no haber alternativa o, incluso, que se produzca una mayor privatización y trasvase de alumnado”.
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