La entidad reclama que «nuestro territorio disponga de unas comunicaciones ferroviarias de buena calidad, adaptadas a las necesidades tanto del territorio como de la conectividad general y la red nacional y con soluciones  técnicas proporcionales a esas necesidades».

En el escrito entregado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se apuesta «por una mejora de los trazados actuales, con la solución de los problemas que la misma presenta en la actualidad, con un adecuado mantenimiento y con la consideración de los servicios locales y regionales  necesarios».

«Nos oponemos a la creación del diseño de trazados nuevos de alto impacto en el territorio desde muchos puntos de vista: paisajístico (uno de los principales recursos del territorio desde el punto de vista tanto del turismo como de la propia imagen del cultivo del viñedo vinculado en esta zona con modelos de sostenibilidad, calidad y conservación de la secular tradición vitivinícola del territorio), social (fractura del territorio, riesgo de aislamiento y pérdidas de servicios a la población local) y cultural (perdida de la identidad local, elementos clave en las estrategias de desarrollo rural).

Apostamos por soluciones de un ferrocarril de altas prestaciones que garantice el servicio tanto local como de conectividad dentro del corredor Atlántico Mediterráneo.  Rechazamos la solución de un AVE en este tramo  por el alto coste económico que supone, tanto de inversión como de mantenimiento, por la irracionalidad que supone esta solución para distancias como las que estamos hablando (poco más de 60 km) y por el riesgo que supone el aislamiento ferroviario del territorio, tal y como ha sucedido en otros lugares.

Una conectividad adecuada es un elemento fundamental para el futuro del territorio y de la región. Por ello es necesario adoptar medidas e inversiones que garanticen el futuro de la zona, dentro de un principio de racionalidad y sostenibilidad. Para ello es necesario tener en cuenta la realidad del territorio, entre ellos la grave situación por la que atraviesa el medio rural y los riesgos que la despoblación y otros problemas asociados. Las infraestructuras tienen que contribuir a resolver algunos de estos problemas, y no a empeorarlos o generar nuevos riesgos.

La movilización social generada por esta situación es una prueba de la necesidad de tener en consideración la realidad de todos los ciudadanos y la obligación del Estado garantizar el bienestar de todos ellos.

Por ello exigimos que para el diseño de las soluciones al histórico problema de las comunicaciones ferroviarias se abra un proceso de participación social real y sincero que permita tener en cuenta la realidad de la zona.

Estamos convencidos que es posible encontrar un equilibrio que permita la mejora de las infraestructuras con soluciones que permitan dar respuesta a las diferentes necesidades, garantizando un futuro sostenible. Un consenso es necesario y posible».