Las Plataformas en Defensa del Territorio y las Organizaciones Agrarias valoran de forma positiva la aprobación de la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la protección del paisaje de La Rioja, pero señalan que esta no podrá impedir los graves impactos que los megaparques autorizados van a tener sobre el territorio, el paisaje, el suelo agrario y el mundo rural. Por eso exigen al Gobierno de La Rioja que sea valiente y revise de oficio las Declaraciones de Utilidad Pública y las autorizaciones concedidas a proyectos de renovables fraudulentamente fragmentados.

Las Plataformas en Defensa del Territorio y las Organizaciones Agrarias valoran de forma positiva la reciente aprobación en el Parlamento por el trámite de urgencia de la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la Protección del Paisaje de La Rioja, pero consideran que no podrá cumplir con su objetivo en buena parte del territorio. Con ello quieren decir que su finalidad (la protección del paisaje y los suelos agrarios) ya está comprometida por la inminente construcción sobre terrenos de concentración parcelaria y regadíos modernizados de los parques eólicos y fotovoltaicos que ya cuentan con las Declaraciones de Utilidad Pública y autorizaciones pertinentes concedidas en los últimos años.

Recuerdan que esta medida ha sido demandada reiteradamente desde hace tres años por las Plataformas en defensa del territorio y del paisaje, sindicatos agrarios y el propio Consejo Regulador de la DOC Rioja. Con ella pretendían impedir los graves perjuicios que sobre el territorio riojano iba a provocar el despliegue masivo de megaparques eólicos y fotovoltaicos. “Si ahora es posible -recalcan- entonces también lo era. Es más, era precisamente en aquel momento cuando se podía haber ordenado adecuada y eficazmente el territorio riojano con una Ley sobre el Paisaje”.

Respecto a los megaparques eólicos y fotovoltaicos autorizados en nuestra Comunidad Autónoma, siguen reivindicando dos actuaciones: En primer lugar, la revisión de oficio de las autorizaciones, “porque todos han sido fragmentados por parte de los promotores, en fraude de ley, para no superar el umbral de los 50 MW. Es curioso que todos sean exactamente de 49,99 MW (por ejemplo, los conglomerados “Casafuerte”, “Portillejo”, “La Planilla” o “Jubera”), evitando con esta triquiñuela que la autoridad competente para resolverlos sea la Administración General del Estado en lugar de la Comunidad Autónoma”.

En segundo lugar, reclaman la revisión de oficio de las Declaraciones de Utilidad Pública de los proyectos. “Como señala la Exposición de Motivos de la Ley recién aprobada, la Administración autonómica ha declarado la Utilidad Pública de todos los proyectos renovables por el único hecho de contar con autorización administrativa, sin tener en cuenta otras variables (como estar ubicados en terrenos de concentración parcelaria y regadío, también declarados previamente de Utilidad Pública)”. A juicio de las plataformas y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA), esto significa que se han concedido Declaraciones de Utilidad Pública sobre suelos “no urbanizables especiales de protección agropecuaria”, protegidos por la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), en los que está prohibido el uso industrial de generación eléctrica.

Para OPA y Plataformas, “es necesario que el Gobierno de La Rioja proceda de forma inmediata a revisar todas las autorizaciones de los proyectos señalados a modo de ejemplo, ya que, de construirse, las consecuencias serán irreversibles para La Rioja: Miles de hectáreas van a ser destrozadas, y con ello el suelo agrario y su paisaje, sin que la futura Ley del Paisaje pueda evitarlo”.

Plataformas y OPA han solicitado a los ayuntamientos afectados información sobre la concesión de las Licencias de Obra de Construcción de los parques para comprobar la legalidad de las mismas, ya que, una vez finalizada la vigencia de la moratoria de las Disposiciones Adicionales 10 y 12 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, el uso industrial de generación eléctrica está prohibido en el suelo “no urbanizable especial de protección agropecuaria”, suelo que, entre otros, es el de concentración parcelaria y regadío. “De haberse concedido licencias de obra después del 25 de noviembre de 2022 -señalan- los técnicos municipales y alcaldes podrían presuntamente haber cometido delito de prevaricación y/o contra la ordenación del territorio”.

Para estas organizaciones y plataformas, los proyectos ya aprobados tendrán tanto impacto o más que la línea de Forestalia, dada la extensión de enormes campos fotovoltaicos, aerogeneradores de más de 200 metros próximos a núcleos habitados, así como nuevas líneas de alta tensión. Sin olvidar que estas infraestructuras están diseñadas para permitir nuevas conexiones con futuros macroparques. Cuestiones todas ellas que, a juicio de plataformas y OPA, “no son compatibles con los principios de mejora y excelencia del territorio riojano que el actual Gobierno regional dice pretender”.