En las últimas semanas hemos asistido en los medios periodísticos, e incluso ante manifestaciones realizadas ante el Parlamento de La Rioja, a un debate generado por las medidas propuestas por el Gobierno de la Comunidad Riojana. En enero de este año la Consejera Doña María Martín intentó defender una propuesta del Gobierno que “suspendía las penalizaciones a las Residencias de Mayores y a los Centros de Día que incumplieran las normativas existentes y las especificaciones de los contratos respecto a la falta de personal” (posteriormente publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de 26 de enero de 2024). La consejera intentaba afirmar que el permitir que estas empresas no tuvieran el suficiente personal, cuyo número debía depender de la normativa actual y de los contratos firmados, era una propuesta destinada a mejorar la atención socio-sanitaria en dichos centros. Resulta un absurdo el considerar que la reducción del personal existente, o la exoneración de los gestores de dichos centros ante el incumplimiento de la normativa, mejoraría la calidad del servicio. Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida intentaron conseguir que dicha propuesta fuera retirada, pero la mayoría absoluta del Partido Popular lo hizo imposible. Resulta un hecho innegable que la disminución del personal necesario y ajustado al Reglamento no se traduce en una mejora de la atención, sino que por el contrario medidas como esta sólo se traducen en un empeoramiento del servicio y en un deterioro del sistema de dependencia y de los servicios sociales. Medidas como estas parecen tan sólo preocuparse del mantenimiento de los beneficios de las empresas gestoras a costa de incumplir las leyes.

Otro hecho que parece incomprensible es el “silencio cómplice” que las organizaciones colegiales y profesionales están mostrando. Como miembro del Colegio de Médicos de La Rioja me hubiera gustado que mi organización se expresara defendiendo no sólo a los trabajadores de estos centros sino como garante de una asistencia socio-sanitaria lo mejor posible en la asistencia a nuestros mayores. La excusa, muchas veces esgrimida, de la carencia de profesionales que puede afectar especialmente a personal médico y de enfermería y que traduce la existencia de una deficiente organización y programación de la asistencia sanitaria global en las últimas décadas no incluye necesariamente a otros sectores de la asistencia; y, por otra parte, mejorando las condiciones salariales y profesionales de todo este colectivo redundaría sin duda disminuyendo el impacto de la carestía de profesionales. “Mejores salarios y mejores condiciones laborales de todo el colectivo profesional de las Residencias podría ser el método para mejorar la asistencia cumpliendo la legalidad”. La permisividad, favorecida por esta propuesta, redundará sin duda en un empeoramiento del sistema.

Julio Martínez Flórez
Partido Comunista de España en Haro