Así lo señala el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, en un comunicado que, textualmente, señala: «Hemos recibido el Dictamen 42/2026 emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja, elaborado a raíz de la consulta facultativa promovida por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja en relación con las posibles actuaciones sobre el Torreón nº 12 de la muralla para evitar su colapso. El dictamen responde a las cuestiones planteadas sobre la posibilidad de aceptar una eventual dación en pago del inmueble y sobre el órgano municipal competente para adoptar dicha decisión.

Desde el Ayuntamiento queremos manifestar el máximo respeto institucional hacia el trabajo desarrollado por el Consejo Consultivo, cuyo dictamen constituye un importante pronunciamiento jurídico que deberá ser objeto de un análisis detallado antes de adoptar cualquier decisión.

Por este motivo, se ha decidido poner de inmediato el dictamen en conocimiento de los servicios jurídicos municipales para que elaboren un informe exhaustivo sobre su contenido, alcance y consecuencias jurídicas, así como sobre las distintas alternativas que pudieran derivarse del mismo. El objetivo es actuar con la máxima seguridad jurídica y defender en todo momento el interés general, la protección del patrimonio histórico y los intereses del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, queremos cumplir con el convenio firmado y por ello se ha dado orden de retomar este asunto con absoluta prioridad.

Del mismo modo, el Ayuntamiento dará traslado íntegro del dictamen a todos los grupos políticos con representación municipal para que puedan conocer su contenido y disponer de toda la información necesaria antes de abordar cualquier decisión que pudiera plantearse en el seno de la Corporación.
Desde el equipo de gobierno reiteramos que la prioridad municipal continúa siendo garantizar la conservación de uno de los elementos patrimoniales más importantes de Santo Domingo de la Calzada, preservando al mismo tiempo la seguridad jurídica de todas las actuaciones que se lleven a cabo.

Continuaremos trabajando, en coordinación con el resto de administraciones implicadas, para encontrar la solución más adecuada que permita proteger este Bien de Interés Cultural, siempre desde el máximo rigor técnico y jurídico y con absoluta transparencia hacia la ciudadanía».