Según García Metola la contratación irregular afecta al Servicio de Ayuda Domicilio del año 2012, que supone más de 1.740.000 euros.

El secretario de Política Municipal del PSOE La Rioja, Ricardo Velasco, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Agustín García Metola, han analizado el informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de La Rioja en el ejercicio 2012, aprobado por el Tribunal de Cuentas, en el que se hace referencia a “irregularidades en un expediente de contratación en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada”.

Así, ha detallado el portavoz municipal, el informe dice que se han detectado “importantes irregularidades como la ausencia de justificación de la necesidad del contrato, el pago del precio superior al pactado, la resolución de un recurso por órgano manifiestamente incompetente y la resolución del citado recurso sin sujeción al preceptivo procedimiento administrativo”.

Según se ha podido conocer por un medio de comunicación el Ministerio Fiscal aprecia también la “posible existencia de responsabilidad penal en este expediente”, ha dicho.
García Metola ha señalado que la contratación irregular afecta al contrato del Servicio de Ayuda Domicilio del año 2012, que supone más de 1.740.000 euros.

Se trata del contrato de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio valorado en 1.676.507 euros, más 67.060 de IVA, es decir un total de 1.743.577,00 euros, cuyo expediente de contratación se aprobó en el pleno de 27 de marzo del año 2012.

Sin embargo, ha dicho el portavoz municipal, en la sesión plenaria del 25 de septiembre se llevó, y aprobó por el PP y el PR+, un modificado de ese expediente de contratación avalado por un “incalificable, estrambótico y ofensivo informe del secretario por la acumulación de todos conocido, cambiando los criterios de adjudicación y algo más”.

Aunque en el orden del día se presentó como una modificación, se aprobó “desistir del procedimiento de contratación autorizado por el pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de marzo de 2012” modificándose los criterios de adjudicación, la mesa de contratación y declarando el procedimiento de urgencia, “eliminándose del pliego de prescripciones técnicas” determinadas cuestiones que el secretario consideraba “impropias de un pliego técnico”, ha dicho.

Por si todo ello fuera poco, ha informado, “se adjudicó el servicio a la empresa Ferrovial Servicios, S. A. en el pleno del 20 de diciembre de 2012 sin dictamen de la comisión informativa y con urgencia desatendiendo en la misma sesión las alegaciones de la otra de las empresas participantes en el concurso y es aquí donde se aprecia también la posible existencia de responsabilidad penal”.

Para García Metola, el PP entró en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada “a mandar, en lugar de a gobernar y administrar el interés general”.

Ésta es sin duda la “punta del iceberg de la mala gestión de quienes entraron al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada” y es fruto del modelo de “ocultismo, de falta de participación y de falta de transparencia que está caracterizando esta legislatura”, ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

García Metola ha dicho que tanto el alcalde Azpeitia del PP, como la concejal Bañares “eran conocedores de esta situación” no solo por los antecedentes del año 2012, sino también desde el 21 del pasado mes de julio por el Tribunal de Cuentas, y “lo han mantenido oculto y sin dar explicaciones ni en comisiones informativas, ni en Junta de Portavoces, ni en Pleno”.

Para finalizar, ha dicho que los socialistas “estamos muy preocupados por la importancia de las irregularidades y por el importante del contrato, que supera 1.740.000 euros, que afecta a casi 90 usuarios y familias y a una veintena de trabajadoras”.

También están “muy indignados” porque “se hizo caso omiso de nuestra propuesta de no seguir adelante con la modificación del pleno de 25 de septiembre que ha traído estos lodos”.

Y para finalizar, ha dicho que desde el PSOE están “valorando que tipo de responsabilidades van a exigir a Azpeita y a Bañares y las que correspondan a los técnicos que validaron este procedimiento plagado de irregularidades”.

Por su parte el secretario de Política Municipal ha anunciado que están trabajando junto al Grupo Municipal en la “recopilación de toda la documentación de estos expedientes, para ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal”.