Se trata de los centros: El Sol, de Logroño; Los Jazmines, de Haro; Nájera; Albelda; y Arneo. Así lo indicaban la consejera de Servicios Sociales, la jarrera Ana Santos, en sede parlamentaria.

La consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, ha comparecido, por tercera vez, ante la Comisión de Servicios Sociales y a la Ciudadanía del Parlamento de La Rioja para informar sobre las actuaciones desarrolladas ante la crisis sanitaria del COVID-19. “Una crisis sanitaria cuyas consecuencias han sido devastadoras y a la que le seguirá otra social que volverá a cebarse con los más vulnerables”, ha señalado.

“La dependencia no puede entenderse como un negocio”

A lo largo de la comparecencia, Santos se ha referido a la incidencia de la pandemia provocada por el COVID-19 en las residencias de personas mayores. “Se ha cebado de la forma más cruel con uno de los colectivos más vulnerables”, un calificativo, ha dicho, que “no es gratuito porque la media de edad de las personas que ingresan en una residencia es superior a los 85 años, y son personas, además, en unas condiciones de dependencia, fragilidad y vulnerabilidad muy altas”. Y, en este sentido, la titular de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha recordado que “la riojana es una de las sociedades más envejecidas de España, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), por cada cien menores de 16 años hay 136 mayores de 65, trece puntos por encima de la media nacional”.

Asimismo, la titular de Servicios Sociales ha comparado el COVID-19 con un “huracán que se ha llevado todo por delante y que ha dejado en evidencia la fragilidad de un modelo residencial obsoleto y construido durante las dos últimas décadas en La Rioja”. Por esta razón, la lección que Santos extrae de esta “experiencia terrible y desgarradora es la necesidad de apostar por lo público porque la dependencia no puede entenderse como un negocio, que es precisamente lo que ha ocurrido los últimos 24 años en La Rioja”.

Pese a todo, y comparando la situación de la comunidad con el resto de regiones limítrofes, “vemos que las decisiones, protocolos y actuaciones del Gobierno de La Rioja han funcionado mejor ya que el porcentaje de fallecidos en La Rioja que vivía en una residencia de personas mayores (56 por ciento) es menor que el 66 por ciento de la media nacional y de comunidades limítrofes como Aragón, Navarra, Cantabria”.

 Pobreza y dificultades, las consecuencias del COVID-19

A la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 le seguirá otra crisis social “que afectará de forma diferente según la posición de partida”. Y, en este sentido, Santos ha recordado el informe FOESSA de noviembre de 2019 que ya alertaba de la existencia de 47.000 riojanos “en una situación límite, riojanos y riojanas cuya suerte dependería de la aceleración o desaceleración económica, personas que se encuentran en grave riesgo porque para salvar vidas se ha tenido que parar el país”.

Para aliviar la situación de estos colectivos, la consejería ha diseñado una docena de proyectos que se financian con los 4,5 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Fondo Social Extraordinario. Así, parte de esta financiación se destinará a combatir la pobreza infantil con la habilitación de una ayuda extraordinaria para los beneficiarios de esta renta con hijos a cargo de 492.000 euros.

850.000 euros se reservan para ayudas económicas de emergencia social, destinados a las familias en situación de grave vulnerabilidad agravada por el COVID-19. “Ayudas que irán destinadas a cubrir necesidades tan básicas como la alimentación o el alquiler de la vivienda y que se financiarán al cien por cien a las entidades locales”, ha explicado.

En relación a las entidades locales, la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha anunciado que se van a suscribir nuevos convenios con ayuntamientos y mancomunidades para el personal por un importe de 2.145.371,95 euros con financiación del gasto al 85 por ciento, lo que representa un 23,4 por ciento más que en 2019.

Asimismo, también se van a firmar convenios para la realización de programas e inversiones en materia de servicios sociales de primer nivel por un importe de 9.047.566 euros, casi un doce por ciento más que en 2019.

La prestación del servicio de justicia, garantizado

En lo relativo a la Dirección General de Justicia e Interior, la consejera ha aseverado que “desde el principio, se ha garantizado que la prestación del servicio de la Administración de Justicia pudiera realizarse en las mejores condiciones, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y la salud laboral de los empleados públicos”.

Así, desde esta Dirección General, se han dictado cinco resoluciones desde el 15 de marzo hasta el 12 de mayo donde se recogen los servicios esenciales, así como el personal necesario. De hecho, en estos momentos, un 31 por ciento del personal funcionario presta sus servicios de forma presencial, “para ello, hemos establecido un sistema pionero de cita previa tanto para los profesionales como para el público para el acceso a las sedes judiciales”. En la segunda fase está prevista la incorporación del 66 por ciento del personal y el cien por cien en la tercera fase.

Respecto al SOS Rioja, Santos ha relatado que la situación de este centro de emergencias es estable. A lo largo del mes de marzo se recibieron 37.362 llamadas, un 27 por ciento  más, que el mismo mes de 2019. “A lo largo del mes de abril, se han recibido 26.846 llamadas, unas 600, 700 al día, un número similar o incluso algo inferior a las recibidas antes de la crisis provocada por el COVID-19”.

Por último, Santos ha destacado la coordinación de Protección Civil. “que ha demostrado que el Gobierno de La Rioja cuenta con una estrategia de protección civil clara y una forma coordinada de trabajar”.