Las denuncias presentadas por el PP y VOX han sido archivadas.

El Gobierno de La Rioja valora el archivo de las denuncias presentadas por el Partido Popular y Vox que pedían depurar las posibles responsabilidades penales por la situación vivida en las residencias. La resolución de la Fiscalía es contundente y acuerda archivar las actuaciones porque “no existe indicio alguno de actuación penal en ninguno de los profesionales denunciados”. El archivo de las denuncias por parte de la Fiscalía se suma al informe favorable del Defensor del Pueblo y a la desestimación por parte del Juzgado de lo Social número 1 de Logroño la demanda formulada por el sindicato (CSIF).

El Gobierno de La Rioja considera que la gestión de las residencias de personas mayores está libre de cualquier sospecha y lamenta el uso partidista que algunos partidos han hecho de la pandemia y del dolor de tantas familias riojanas que han perdido a un ser querido.  La toma de decisiones en este Gobierno se seguirá tomando exclusivamente con base científica como así se ha demostrado.

De hecho, tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, y tras las denuncias interpuestas, “se incoaron las diligencias de investigación penal, bajo cuyo tenor se investigaron varias fuentes de búsquedas de ilícitos penales; así, ni el cuerpo de bomberos, ni las policías municipales de toda la Comunidad Autónoma tuvieron intervención alguna ni registraron conducta delictiva o de abandono alguna”. De igual forma, el escrito de la Fiscalía hace referencia a que “ni las Fuerzas ni los Cuerpos de Seguridad del Estado confeccionaron atestado alguno en el que se detectase muerte o trato indebido sobre ninguna persona relacionada con el virus COVID-19”.

La Fiscalía deja de manifiesto además que, la Consejería de Salud remitió todos los informes solicitados “y con la periodicidad exigida que hoy todavía mantiene, sin que haya detectado actuación incorrecta alguna”. Es cierto, reconoce el escrito de la Fiscalía, “que los servicios funerarios reconocieron un incremento enorme para cubrir  las pompas fúnebre, llegando en ocasiones a retrasos de varias horas en atender su servicio, sin que ello se debiera ni a mala praxis ni a alcanzar abandono alguno de su deber Tampoco se ha detectado abandono alguno de su puesto de trabajo de ningún profesional sanitario , ni que esto hubiera supuesto una falta de atención a los residentes, teniendo en cuenta que las residencias nunca se han pretendido convertir en centros hospitalarios ni siquiera sanitarios de día”.

De igual forma, y así lo recoge el escrito textualmente, “tampoco se ha detectado ningún abandono de residentes en los centros hospitalarios, ni fallecimiento sin auxilio ni expulsiones de los hospitales de los más mayores necesitados de mediación”.

La gestión del Gobierno de La Rioja en las residencias de personas mayores ha sido avalada también por el Defensor del Pueblo. En junio de 2020, este organismo comunicó a la entonces Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía un informe que aseguraba que La Rioja había aceptado y puesto en práctica las recomendaciones planteadas por esta institución en relación a la atención a los mayores en centros residenciales e información a sus familiares durante el estado de alarma.

Pero además el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño desestimó, también en junio de 2020, la demanda formulada por el sindicato Central Independiente y de Funcionarios de La Rioja (CSIF) frente a la Consejería porque entendía que sí se dotó a los trabajadores de los correspondientes equipos de protección.