El Secretario General del PP de La Rioja, Alberto Bretón, ha afirmado que “el Gobierno de Concha Andreu debe explicar por qué no ha querido realizar cribados periódicos entre los trabajadores de las residencias que se venían aconsejando desde el Partido Popular, desde las sociedades científicas y desde LARES. Debe asumir su responsabilidad y adoptar de manera inmediata aquellas medidas que sirvan para detectar lo antes posible a los trabajadores asintomáticos”,

Bretón ha realizado estas afirmaciones durante una rueda de prensa en la que ha valorado la incidencia del COVID-19 en los centros de personas mayores.

Después de que este fin de semana se haya tenido conocimiento de la existencia de un brote en la residencia Los Manitos de Calahorra, ha denunciado “la inacción y la falta de escucha y diálogo de Concha Andreu” respecto al principal partido de la oposición, a las asociaciones del sector y sociedades científicas.

Bretón alertó en dos ocasiones al Gobierno riojano sobre la necesidad de hacer cribados preventivos en todos los centros de mayores de La Rioja. “Estos cribados entre los trabajadores eran necesarios para evitar los contagios, sobre todo para detectar los casos asintomáticos que podrían estar contagiando a personas muy vulnerables”, ha afirmado.

En sede parlamentaria, el Partido Popular pidió reiteradamente al Gobierno regional que se hicieran test PCR a todos los trabajadores de las residencias riojanas, públicas y privadas, “al menos cada quince días”, ha indicado.

Ha recordado que la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES) remitió una carta el pasado 20 de agosto al Gobierno de La Rioja “en la que ya pedía colaboración a Concha Andreu para la realización de cribados preventivos entre sus trabajadores”.

De igual modo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología alertó el 18 de agosto sobre la obligación de hacer test periódicos a los profesionales siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud que aconsejaba efectuar test epidemiológicos a los trabajadores con carácter quincenal.

Por ello, ha reiterado que por parte del Gobierno de La Rioja no ha habido “ni escucha ni diálogo” y ha afirmado que “hay otra forma (mejor) de hacer las cosas”. En este sentido, ha dicho que el Gobierno de Galicia anunció en septiembre controles cada dos semanas a los empleados de las residencias, con una incidencia del COVID mucho menor a la que había en La Rioja.

“Tal vez por eso Galicia está en una situación más ventajosa que La Rioja, porque ha sabido adelantarse y seguir las recomendaciones que desde diferentes sectores se venían haciendo”, ha apuntado.

En cambio, según Bretón, “el Gobierno de La Rioja no ha querido realizar estos cribados, hizo un primer cribado en septiembre y ahora en noviembre anuncia que va a realizar otro nuevo cribado, llegando de nuevo tarde y mal”.

Ante esta inacción del Gobierno de La Rioja, “tememos que en las próximas semanas puedan detectarse más casos de positivos que precisen hospitalización, lo que puede verse agravado por el estado de ocupación que presentan las UCIs en estos momentos”, ha advertido.

En referencia a las últimas informaciones conocidas sobre el centro de mayores Los Manitos de Calahorra, Bretón ha criticado que “solo cuando la pandemia campaba a sus anchas en dicha residencia y con ocasión de un cribado, se ha detectado un número alto de contagiados”.

“Se continúa sin comunicar públicamente cuántos son los fallecidos en cada una de las residencias, cuáles son los contagios de los trabajadores en cada una de esas residencias y si hoy (por ayer) conocemos lo que ha ocurrido en la residencia Los Manitos es gracias a la labor de los medios de comunicación”, ha criticado.

A su juicio, esta falta de información sobre las residencias demuestra “una vez más la falta de transparencia del Gobierno de Concha Andreu” que desde el Partido Popular se viene denunciando desde el inicio de la pandemia.

Durante la primera ola fallecieron 211 residentes, lo que supuso una cifra aproximada de 7 de cada 100 usuarios de residencias en ese momento. Esta cifra “fue una de las más elevadas de España”, ha apuntado Bretón, lo que llevó al Partido Popular a solicitar una comisión de investigación en el Parlamento sobre la situación en estos centros, que fue rechazada con los votos en contra de PSOE, IU y Podemos.