Si se incumple la normativa, las multas oscilan entre 6.000 y 600.000 euros. El uso de drones, tanto con fines comerciales como de uso privado, debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en la normativa vigente. 

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha desplegado a los Especialistas de Seguridad y Protección Aérea, un nuevo grupo policial que asumirán las funciones de policía administrativa de aviación civil y que tendrán entre sus funciones fortalecer la seguridad pública en general, y la seguridad aérea y operacional en especial.

Los agentes de seguridad y protección aérea han sido formados por expertos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), AENA, ENAIRE, SENASA, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Ejército del Aire del Ministerio de Defensa, representantes del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Estado de Seguridad, y de diferentes unidades y especialidades de la Policía Nacional.

Entre los cometidos de la Unidad, destacan el control de operaciones programadas por las distintas operadoras del sector, la coordinación con gestores del espacio aéreo y diversas organizaciones, manteniendo una comunicación constante y la investigación de todos aquellos avistamientos de aeronaves no tripuladas en demarcación policial, tramitando con AESA todas las propuestas de sanción que se lleguen a materializar.

Con estos equipos, la Policía Nacional materializa a nivel nacional el ejercicio de la competencia como Policía Aeronáutica, velando por que la aviación ajuste su actividad a las normas dictadas para su ejercicio por la Ley de Navegación Aérea, la Ley de Seguridad Aérea, el Reglamento de Circulación Aérea, el Real Decreto 1036/2017 que regula la utilización civil de drones, así como, por supuesto, la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal o el Código Penal, entre otras, en los casos que sea necesario para prevenir o perseguir infracciones administrativas o penales.

Unidad de Seguridad y Protección Aérea

De entre todas las funciones a desarrollar, una de las más habituales es la de con conocer con suficiente antelación todos los vuelos obligados a la comunicación que se vayan a realizar en el espacio aéreo.

Dichos  especialistas deben verificar todos aquellos aspectos relacionados con la operación aérea, y que ésta cuenta con las coordinaciones con los gestores aeronáuticos, con las autorizaciones administrativas necesarias y, además, con el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

 Como norma general, es necesario que el operador del dron informe del vuelo que pretende realizar en espacio aéreo controlado con un mínimo de diez días de antelación al Ministerio del Interior a través de la Oficina Electrónica (http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/comunicacion-uas,)

La cuál remitirá a la Policía Nacional aquellas comunicaciones de vuelos que precisen realizar la correspondiente supervisión por el Especialista de Seguridad y Protección Aérea.

El objetivo es evitar que el vuelo de un dron  pueda interferir en la trayectoria de una aeronave y cause daños personales y materiales. El uso irregular de drones puede constituir infracciones a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, cuyas multas oscilan entre 6.000 y 600.000 euros.

Además aquellos drones que estén equipados con cámaras también deben cumplir con la normativa reguladora sobre protección de datos de carácter personal.

Sistema Siglo CD

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior se encuentra en fase de despliegue territorial del Sistema Global Contra Drones (SIGLO-CD), el cual permite la localización, identificación y posicionamiento tanto del dron como del piloto, así como la trayectoria realizada. Este sistema, pionero a nivel europeo, se encuentra desplegado actualmente en las ciudades de Madrid y Valencia, y se espera que entre este año y el próximo se encuentre instalado en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

Este sistema permitió la identificación de un individuo que sobrevoló un dron de manera temeraria la Puerta del Sol durante las campanadas de Fin de Año infringiendo la normativa, o más recientemente sobre el Congreso de los Diputados.

En Logroño, desde que comenzó a ejercer su actividad el Especialista de Seguridad y Protección Aérea en noviembre del año pasado, no ha sancionado a nadie por vuelos ilegales si bien actualmente se está llevando una investigación en curso.

La Policía Nacional quiere concienciar a los usuarios de la importancia de realizar un vuelo seguro sin poner en riesgo a otros usuarios del espacio aéreo, o a las personas o los bienes en tierra, y que se perseguirán todos aquellos casos que puedan constituir infracciones administrativas o penales por el uso de estas aeronaves, o de cualquier otro tipo (globos aerostáticos, aeromodelos, ultraligeros…).

investigación de todos aquellos avistamientos de aeronaves no tripuladas en demarcación policial, tramitando con AESA todas las propuestas de sanción que se lleguen a materializar

Con estos equipos, la Policía Nacional materializa a nivel nacional el ejercicio de la competencia como Policía Aeronáutica, velando por que la aviación ajuste su actividad a las normas dictadas para su ejercicio por la Ley de Navegación Aérea, la Ley de Seguridad Aérea, el Reglamento de Circulación Aérea, el Real Decreto 1036/2017 que regula la utilización civil de drones, así como, por supuesto, la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal o el Código Penal, entre otras, en los casos que sea necesario para prevenir o perseguir infracciones administrativas o penales.

Unidad de Seguridad y Protección Aérea

 De entre todas las funciones a desarrollar, una de las más habituales es la de con conocer con suficiente antelación todos los vuelos obligados a la comunicación que se vayan a realizar en el espacio aéreo.

Dichos  especialistas deben verificar todos aquellos aspectos relacionados con la operación aérea, y que ésta cuenta con las coordinaciones con los gestores aeronáuticos, con las autorizaciones administrativas necesarias y, además, con el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

 Como norma general, es necesario que el operador del dron informe del vuelo que pretende realizar en espacio aéreo controlado con un mínimo de diez días de antelación al Ministerio del Interior a través de la Oficina Electrónica (http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/comunicacion-uas,)

La cuál remitirá a la Policía Nacional aquellas comunicaciones de vuelos que precisen realizar la correspondiente supervisión por el Especialista de Seguridad y Protección Aérea.

El objetivo es evitar que el vuelo de un dron  pueda interferir en la trayectoria de una aeronave y cause daños personales y materiales. El uso irregular de drones puede constituir infracciones a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, cuyas multas oscilan entre 6.000 y 600.000 euros.