Comenzamos el nuevo año 2022, con el deseo de que para todos los ciudadanos sea mejor, bastante mejor, que los dos últimos años pasados, pero al mismo tiempo, el Colegio de Enfermería de La Rioja, tiene que volver a alzar la voz para que, tanto la nueva consejera de Salud, como la propia presidenta, sean más conscientes de aquello que realizan. Y es que una de las primeras fotos que ha querido hacerse Concha Andreu a comienzos del nuevo año, ha sido con los militares que tanto en Haro -como en otras localidades-, van a reforzar la vacunación, lo cual está muy bien, pero que ha creado muchas dudas a las enfermeras que realizan esa labor.

Siendo conscientes de que toda ayuda es necesaria para un colectivo que en los dos últimos años apenas ha disfrutado de sus vacaciones, que han tenido que doblar turnos o empalmar guardias, no obstante, certificamos que este tipo de ayudas se debe realizar con todas las de la Ley. Por ello este Colegio ha recibido quejas de nuestras enfermeras que ha provocado el envío de dos cartas: al gerente del Seris, Alberto Lafuente, así como a Noemí Marauri, directora de Enfermería de Atención Primaria para comunicarles que “en este Colegio se han recibido varias denuncias sobre que este servicio lo están realizando personal no habilitado técnica ni legalmente en España para ello, concretamente militares sin la formación académica legalmente requerida en nuestro país, por lo que no pueden desempeñar las labores de enfermera, como es la vacunación”.

Continua la carta indicando que “ante la gravedad de los hechos denunciados y por ser estas funciones y tareas propias de profesionales de enfermería legalmente habilitados, pudiendo constituir un delito de intrusismo profesional, y previo a emprender cuantas acciones legales, le instamos a que identifiquen a las personas que desarrollan los servicios de enfermería, su titulación y número de colegiado y contrato suscrito con labores a desempeñar”.

Elisa Elías, presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja, indica también que “en estos casos no se está solamente incumpliendo la Ley, lo que ya es grave, sino que lo que más nos preocupa es que este tipo de actos ponen en peligro el derecho de los ciudadanos a recibir una atención sanitaria y enfermera de calidad poniendo estos cuidados enfermeros, como es la vacunación y todo el proceso que conlleva el mismo, en manos de personal que no está cualificado, entrenado, ni formado adecuadamente para poder ejercer esos cuidados con la calidad mínima que requieren. Si bien todos entendemos que las acciones que inician los militares son, obviamente, de buena fe”.