El Sistema Público de Salud garantiza la atención necesaria a todos los residentes pero no con el objetivo de suplir la adecuada dotación de personal propio con el que deben contar los centros residenciales.

El Gobierno de La Rioja, a través de las Consejerías de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, y Salud, recuerda a las residencias de personas mayores que el protocolo de coordinación sociosanitaria elaborado y firmado el pasado mes de abril persigue implementar un modelo de coordinación sociosanitaira que permita optimizar los recursos públicos destinados a la atención de las personas con enfermedades crónicas o en situación de dependencia, entre otros objetivos.

Pero, además, el mismo texto exige a las entidades titulares de las residencias una serie de condiciones, entre ellas, la dotación de los profesionales sanitarios de cuidados suficientes y con la formación adecuada. En este sentido, la labor de los centros de salud debe concebirse como una labor de apoyo a la atención médica de los residentes, por lo que los centros de personas mayores, no pueden eludir sus responsabilidades y suplir sus carencias de personal sanitario con los profesionales de los centros de salud públicos en los que se atiende a toda la ciudadanía de Logroño y La Rioja.

El personal de los centros de salud de La Rioja está para reforzar la atención de las usuarias y usuarios de las residencias de personas mayores. Por su parte, los centros residenciales deben contar con el personal suficiente y los recursos propios para garantizar la prestación del servicio, en este caso privado, a las usuarias y usuarios y, sobre todo, en centros de grandes dimensiones y con plazas reservadas para una atención médica muy especializada.

El Gobierno de La Rioja recuerda la última residencia privada de personas mayores que se inauguró hace menos de un mes pudo abrir sus puertas porque entonces sí que cumplía los requisitos y contaba con los permisos, autorizaciones sanitarias y personal suficiente a la vez que censura que en este breve espacio de tiempo no haya sido capaz de garantizar la correcta prestación del servicio y cuidado prometido a las usuarias y usuarios por carecer del personal sanitario necesario.