La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha exigido a DomusVi, -empresa que gestiona en esta Comunidad la Residencia de Mayores de Quel, pero que tiene implantación nacional- que no ponga en riesgo la salud y seguridad de las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables al querer que personal no enfermero realice funciones y labores asistenciales y de cuidados para los que no están cualificados ni habilitados legalmente.

Los presidentes de SATSE, Manuel Cascos, y del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, se han dirigido por carta a los responsables de DomusVi para trasladarles su enérgico rechazo a que esta empresa implante un Plan de Contingencia por el que se pretende que personal de Formación Profesional realice funciones que son propias de Enfermería, como la realización de curas, toma de constantes, administración de distinto tipo de medicación y de enemas de limpieza o la administración de pautas de nutrición enteral utilizando bomba de infusión, entre otras.

La Mesa Enfermera subraya que, según establece la legislación y jurisprudencia al respecto, todas estas funciones no pueden ser delegadas, en modo alguno, en personal que no cuente con la habilitación, competencia y formación legal necesaria. Tampoco podrán realizarlas, aunque la propia empresa pretenda dar una formación específica a dicho personal, ya que seguirán sin contar con la habilitación y competencia necesaria. “Una entidad privada como DomusVi no tiene el reconocimiento oficial ni la potestad para proceder a la capitación y habilitación legal respecto de profesionales de FP”, añade.

Aunque en el Plan de Contingencia no se indica qué personal técnico será el que se encargue de la realización de estas funciones, la Mesa Enfermera entiende que parece referirse a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. En este caso, reitera que el Real Decreto 546/1995, por el que se establece el título de dichos Técnicos y las correspondientes enseñanzas mínimas que el citado título exige para su obtención, no les permite la realización de dichas funciones.

Al respecto, desde la Mesa Enfermera se insiste en que, según establece el Estatuto del Personal Sanitario no facultativo aprobado en 1973, las funciones del personal auxiliar de enfermería son claras y están bien delimitadas, no pudiendo, en modo alguno, realizar administración de medicación, realización de curas, realización de planes de cuidados, administración de pautas de nutrición, supervisión de planes de cuidados, como por parte de DomusVi se pretende.

Asimismo, la Mesa recalca que es notoria y abundante la jurisprudencia que señala que las funciones del personal auxiliar de enfermería deben limitarse a “colaborar” con el personal de Enfermería, pero no pueden realizar el acto sanitario en sí mismo, siendo este una competencia exclusiva del enfermero/a. Para justificar tales argumentos, en la carta se detallan distintas sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales autonómicas y provinciales al respecto.

Alarma que ya lanzó el Colegio de Enfermería de La Rioja

Una alarma que tanto el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja (COER), la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) ya encendieron públicamente el 8 de julio, alarmados por la preocupación ante la situación actual en las residencias de personas mayores de La Rioja.

Entonces la presidenta del Colegio, Elisa Elias, denunciaba “la precariedad de las residencias riojanas, en cuanto a la carencia de enfermeras, que es una situación que se viene arrastrando desde antes de la pandemia, con la llegada de la COVID-19 y la época vacacional, se habían acentuado unas circunstancias que para estas entidades consideramos insostenibles y muy preocupantes”, citando expresamente a la residencia logroñesa de Camino de Olivos, al tratar con residentes con daño cerebral adquirido, que requieren de unos cuidados enfermeros específicos y continuos que no se están llevando a cabo, por falta de ese personal. Desde hace muchos años viene siendo ya una “triste tradición” la falta de enfermeras en estos centros residenciales en toda nuestra comunidad.

Al tiempo de solicitar a Gerontorioja “la adopción de medidas urgentes para reestablecer el servicio de Enfermería (por otra parte, legalmente obligatorio para poder abrir un centro de estas características) y para asegurarse que esta situación no vuelva a producirse”, y a las Consejerías de Servicios Sociales y Salud que “pongan los recursos adecuados para asegurar la asistencia y los cuidados a los que estos ciudadanos tienen derecho, ya que al elegir como su domicilio una residencia de personas mayores, no pueden ser excluidas de la protección del sistema público de salud, siendo personas en especial situación de vulnerabilidad”.

De hecho, el Colegio de Enfermería de La Rioja, la SEEGG y la AEC exigían y siguen demandado a los poderes públicos, que se aseguren que las empresas que prestan estos servicios residenciales a los riojanos cumplen, estrictamente, los requerimientos legales para poder estar abiertos al público, y en caso de no cumplirlos, deben tener la valentía suficiente para tomar las medidas oportunas, incluido el cierre de algunos de estos centros. No en vano, nuestras autoridades políticas deben ser los primeros en defender la salud y el cuidado de la población riojana, de manera muy especial, la de nuestros mayores por el respeto que nos merecen, reclamando la presidenta del Colegio de Enfermería «que este tema se solucione con los profesionales que apliquen los cuidados de calidad que son los que merecen nuestros mayores por unos servicios que están pagando, al tiempo de recibir unos cuidados de calidad por profesionales».