El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publican el acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja para resolver las discrepancias surgidas ante la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la Protección del Paisaje riojano, aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado 23 de enero. Las diferencias han surgido, en concreto, sobre el artículo 2 de la citada norma, que paraliza todos los procedimientos administrativos de concesión de autorizaciones de uso y actividades en suelo no urbanizable relativos a instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación, que hayan superado la fase de información pública.

La norma impulsada por la Cámara regional tiene como finalidad la protección con carácter transitorio y apremiante de los parajes naturales y otros elementos singulares del territorio de la comunidad, hasta la entrada en vigor de la futura Ley del Paisaje de La Rioja.

La discrepancia manifestada por el Gobierno central concierne al artículo 2 de esta Ley de Medidas Temporales y Urgentes. En concreto se trata del que deja en suspenso todos los procedimientos administrativos de autorización y declaración de utilidad pública de instalaciones eléctricas de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación en suelos no urbanizables (de los previstos en el 51 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo , de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y el Decreto 18/2019, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Suelo no Urbanizable), que hayan superado la fase de información pública.

El Ejecutivo central considera que este artículo podría incumplir la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en tanto que la Comunidad entiende que no se produce tal vulneración. Por ello, ambas administraciones iniciarán estas negociaciones. La convicción de la Comunidad Autónoma es que la Comisión Bilateral alcanzará un acuerdo que no tocará el fondo que persigue la normativa autonómica, que no es otro que la protección del paisaje riojano en el marco de sus competencias.