Una vez más, la justicia falla a favor de la trabajadora a la que se le obligó a incorporarse en su puesto de trabajo estando de baja.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desestimado la apelación del Ayuntamiento de Haro, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social en el caso que enfrenta a la Jefa de Negociado con el Consistorio después de que éste le obligara a incorporarse a su trabajo estando de baja.
FSP-UGT, que ha llevado el caso de la trabajadora, considera que la sentencia demuestra que el Ayuntamiento de Haro no sólo no interpreta correctamente el derecho laboral, sino que se equivoca interpretando la propia Ley General de la Seguridad Social.
Los hechos se remontan al año 2011, cuando la Jefa del Negociado de Servicios Generales y Personal del Ayuntamiento de Haro se encontraba de baja. Por razones que el Ayuntamiento no ha podido argumentar, según UGT, consideró que esta baja no era válida, hasta el punto que le entregó a la trabajadora una Orden de Incorporación a su puesto de trabajo, aún estando de baja por enfermedad común. De modo que la funcionaria se vio obligada a permanecer cuatro días en su puesto de trabajo a pesar de que su baja estaba confirmada por el facultativo correspondiente. De hecho, el Ayuntamiento llegó a detraer de la nómina de la Jefa del Negociado las cantidades que le correspondían por subsidio incluyendo recargos.
Así las cosas, el Ayuntamiento deberá abonar a la Jefa del Negociado de Servicios Generales y Personal todo lo que le quitó ilegalmente más los recargos que le aplicó, así como los intereses legales que le correspondan. Además, la Sentencia condena al Ayuntamiento de Haro a abonar 600 euros en concepto de honorarios, con la pérdida de la consignación y del depósito que constituyó para recurrir.
El propio Tribunal Superior de Justicia de La Rioja reconoce que dicha actuación no tiene base o fundamento, ni argumento alguno. En opinión de FSP-UGT, las únicas razones que pueden generar esta postura del Ayuntamiento son, o bien la incompetencia de los asesores de Alcaldía, o bien la prepotencia con la que gobierna el alcalde sobre todo en materia de personal y recursos humanos, o la conjugación de ambas cosas.
Por su parte, FSP-UGT se congratula de que se haya hecho justicia, aunque sea tardía, puesto que han pasado dos años desde que se produjeron los hechos. Por último, insta al Ayuntamiento de Haro a actuar con menos prepotencia puesto que, además de la trabajadora afectada, los que realmente pagarán esta manera de actuar son los jarreros, con cuyos impuestos se cubrirá el alto coste de este procedimiento jurídico.