El consejero de Gobernanza Pública señala en el Parlamento que «va a cambiar la forma en la que el Partido Popular se gastaba el dinero de todos. Se acabaron las arbitrariedades y la compra de favores”

El consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, ha indicado que “en esta Comunidad hay que cambiar muchas cosas, y una de ellas es la forma en la que el anterior Gobierno se gastaba el dinero de los impuestos de todos, sin arbitrariedades ni compra de favores, para gobernar con una estrategia global acorde al desarrollo equilibrado que nuestros municipios se merecen”.

Ocón hacía estas declaraciones en el transcurso de la comparecencia que ha protagonizado hoy en el Parlamento, a petición propia, para informar sobre el procedimiento de lesividad iniciado por el Gobierno regional contra los 16 convenios de cooperación firmados por el anterior Gobierno del Partido Popular con 15 ayuntamientos riojanos, entre el 2 de julio y el 14 de agosto de 2019, cuando ya se encontraba en funciones.

Concretamente, se trata de convenios firmados con los Ayuntamientos de Berceo, Tudelilla, Manzanares de Rioja, Leza de Río Leza, Ajamil de Cameros (Torremuña y Larriba), Ocón, Nalda, Casalarreina, Cirueña, Tobía, Alcanadre, Bobadilla, Huércanos, Sojuela y Viniegra de Arriba, para la concesión directa de subvenciones destinadas a obras que, en ningún caso, eran de carácter urgente.

Se da la circunstancia, además, de que la mayor parte de estos municipios estaban gobernados por el Partido Popular.

En el transcurso de su comparecencia, Ocón ha leído algunos fragmentos de los numerosos informes técnicos de la propia Consejería, de la Intervención General, de los Servicios Jurídicos del Gobierno y la Oficina de Control Presupuestario, en los que quedan acreditadas “las irregularidades observadas en la gestión de la política municipal” del anterior Gobierno en funciones.

De dichos informes se desprende, tal y como ya había venido manifestando el consejero, que los anteriores titulares de Política Local “no tenían competencia porque estaban en funciones, no tenían capacidad económica y desoyeron las advertencias sobre insuficiencia de recursos. Además, se saltaron los procedimientos básicos para la concesión de estas subvenciones”.

Ocón, que ha calificado de “pésima” la gestión que desarrolló el anterior Gobierno en funciones en los municipios riojanos, ha revelado además otro informe en el que se explican las razones por las que el Gobierno del Partido Popular no realizó un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones en el que se hubieran recogido buena parte de estos convenios con municipios, y que no estaban previstos en el anterior Plan 2018-2020.

Se trata de un informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno que estos envían a la Consejería, en respuesta a una solicitud de información sobre la propuesta de un nuevo PES. En ese informe se advierte al Gobierno de que “estando en funciones no pueden aprobar un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones”, por lo que éste habría renunciado a su propuesta.

En ese informe también se advierte de “la prohibición” para un Gobierno en funciones de “utilizar el principal el principal instrumento de orientación política para un Gobierno como son los presupuestos”, algo que, sin embargo, el Gobierno en funciones ya había hecho, aprobando una modificación presupuestaria por valor de 4,5 millones de euros, y “asumiendo compromisos de gasto que anulaban la capacidad de gestión futura, especialmente cuando ninguna de estas obras tenía carácter urgente ni eran de interés general para los ciudadanos”.

Por lo tanto, los titulares de la consejería de Fomento con el anterior consejero, el Sr. Cuevas, a la cabeza se saltaron el Plan Estratégico de Subvenciones, incumplieron la Ley 8/2003 que establece que los Gobiernos en funciones deben limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, hipotecaron recursos económicos futuros porque no disponían de ellos para realizar estas inversiones, no respetaron las anualidades y, además, detrajeron esos recursos de partidas de la ADER que estaban destinadas a la industria agroalimentaria, al comercio, a los autónomos y emprendedores, a la innovación y a programas de calidad ambiental.

Por si esto no fuera suficiente, conocían además los informes en los que se les advertía de las irregularidades que estaban cometiendo y “les dio igual”.

Por otra parte, esta misma mañana, durante la intervención del ex consejero Carlos Cuevas, en calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Popular, éste ha reconocido que el anterior Gobierno, del que él era responsable en la consejería de Fomento y Política Local, no dispuso de un Plan Estratégico de Subvenciones hasta que el propio Cuevas entró en la consejería, algo que ocurrió en el año 2016.

Unas declaraciones que el actual consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, ha considerado de “enorme gravedad” porque suponen el incumplimiento de la Ley General de Subvenciones, que data del año 2003.

Negociación con los ayuntamientos y defensa del interés general

El consejero Ocón ha señalado que el Gobierno decidió iniciar este procedimiento de lesividad porque es “el de menor impacto” para los ayuntamientos afectados por la “mala praxis” del anterior Gobierno del Partido Popular.

Así mismo ha justificado este procedimiento “en la defensa del interés general” y de los recursos públicos de todos los ciudadanos “que tienen derecho a saber cómo ha gestionado el anterior Gobierno su dinero”.

Por último, Ocón ha reiterado su compromiso de “negociar” con los 15 ayuntamientos afectados. “Daremos audiencia a todos los ayuntamientos, hablaremos y negociaremos con ellos para llegar a acuerdos que sí sean beneficiosos para sus vecinos”, señalaba.