El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, ha comparecido ante la Comisión correspondiente del Parlamento de La Rioja para desgranar, junto a su equipo, las principales líneas de actuación de su departamento durante los próximos meses.

A lo largo de su intervención, ha puesto el acento en la pobreza infantil, las dificultades de las familias monoparentales y en la creciente situación de exclusión social de los colectivos más vulnerables. Asimismo, ha asegurado que “el desarrollo y el cumplimiento del programa de gobierno y de las medidas incorporadas al mismo serán el guion de la actividad del Gobierno de la Rioja en los Servicios Sociales, en Justicia e Interior y en Política Local”.

Y aunque las residencias de personas mayores seguirán siendo la “prioridad”, el titular de Servicios Sociales y Gobernanza Pública ha destacado que “también se actuará de manera específica contra el “edadismo”, es decir, la existencia de discriminación hacia las personas mayores a través de prejuicios o estereotipos negativos por su edad, sin valorar su dignidad como personas o su contribución a la sociedad”.

Dependencia, Discapacidad y Mayores; apostar por la prevención

En lo relativo a la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, uno de los objetivos de la Consejería de Rubio sigue siendo no limitarse únicamente a ayudar o asistir sino apostar por la prevención, la habilitación y la rehabilitación.

En este sentido, y centrados en los colectivos de personas mayores y personas con discapacidad, el reto prioritario es ampliar la oferta de programas de envejecimiento activo, sobre todo, en los municipios en los que no hay Centro de Participación Activa.

Asimismo, la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, aboga por avanzar en el desarrollo de diversos servicios como alternativa de vida independiente a los de carácter más institucional o residencial como puede ser el Servicio de Ayuda a Domicilio; los centros de día y ocupacionales, la teleasistencia o las viviendas comunitarias entre otras.

La pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de repensar los recursos existenciales actuales ya que las residencias de personas mayores deben superar su finalidad meramente asistencial para convertirse en centros que garanticen además las necesidades psicológicas, sociales, culturales, lúdicas y recreativas de las personas mayores.

Las personas mayores siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables y a los que la COVID-19 está azotando con mayor virulencia. Conscientes de ello, desde la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores se han puesto en marcha diversas medidas como son la suspensión de visitas de familiares a residentes desde el pasado 24 de agosto o la realización, junto con la Consejería de Salud y SERIS, de un cribado de pruebas PCR a todos los trabajadores al margen de las que deben realizar las empresas que gestionan las residencias privadas de la Comunidad. El contacto con las direcciones de las residencias de personas mayores sigue siendo constante y, de hecho, en los últimos días se han mantenido varios encuentros en La Rioja Alta y La Rioja Baja.

Asimismo, y en colaboración con la Subdirección General de Empleo del Gobierno de La Rioja, se está actualizando el listado de demandantes de empleo, profesionales sociosanitarios, susceptibles de ser contratados por las residencias de personas mayores para cubrir las sustituciones de personal con carácter inmediato.

También centrado en el colectivo de personas mayores, Rubio ha insistido en la necesidad de trabajar contra la discriminación hacia las personas mayores. “La pensión que recibe una viuda”, ha dicho, “muchas veces una cantidad que apenas le permite sobrevivir, tenemos que concebirla como una inversión y como algo productivo porque ayuda al comercio de proximidad, genera empleo, riqueza de forma que lo tenemos que entender como algo positivo y no como un gasto”.

Servicios Sociales, pilares fundamentales del Estado de Bienestar

La coyuntura económica actual se ha visto muy mermada por la pandemia dejando patente que los servicios sociales son esenciales. De hecho, se han convertido en un escudo social que protege vidas y que da cobertura a los más vulnerables y a toda la ciudadanía.

Y en este sentido, el trabajo durante los próximos meses, se centrará en adaptar los servicios sociales de primer nivel desde el punto de vista competencial, de organización, programas y dotación a la nueva realidad social porque estamos hablando de los ojos y el alma de los servicios sociales ya que su contacto directo con la ciudadanía es constante.

La implementación del Ingreso Mínimo Vital obliga a una revisión de la Renta de Ciudadanía. Por esta razón, desde la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, se impulsarán las modificaciones pertinentes para adecuar la prestación autonómica a colectivos que no pueden acceder a la estatal como pueden ser los jóvenes de 18 años que han estado bajo la tutela del Gobierno de La Rioja, huérfanos de padre y madre o mujeres embarazadas en situación de riesgo social menores de 23 años, entre otros.

Los menores siguen siendo una de las prioridades de esta Consejería y, por esta razón, se impulsará la implantación de centros socioeducativos para la gestión pública de pisos o pequeñas residencias para menores en desamparo además de potenciar los programas de acogida familiar e incentivar la participación de las familias en ellos.

Justicia e Interior; 36 denuncias diarias a particulares

El 19 de agosto de 2020 la Dirección General de Justicia e Interior asumió las competencias para la incoación de procedimientos sancionadores derivados del incumplimiento de las medidas sanitarias, desde esa fecha y hasta el 14 de septiembre, se han interpuesto 2.176 denuncias a particulares, unas 36 denuncias diarias. Del total, 2.135 fueron por no llevar mascarilla; 28 por fumar sin distancia de seguridad y 13 por incumplir el confinamiento obligatorio. Además, se ha sancionado a 133 locales o establecimientos; 59 por incumplimiento de aforo; 26 por incumplimiento de horario; 37 por no llevar mascarilla y 11 por otro tipo de incumplimientos.

Para hacer frente a la tramitación de estas sanciones, la Dirección General de Justicia e Interior va a reforzar los medios personales porque todas las infracciones y actitudes insolidarias y egoístas se van a perseguir para tratar, entre todos, de reducir los contagios y cortar y minimizar así los efectos nocivos que la COVID-19 está provocando en los diferentes ámbitos.

Paralelamente a las acciones encaminadas a controlar la pandemia, la Dirección General de Justicia e Interior sigue trabajando en la tramitación de Acreditación de situación de Violencia de Género previsto en el artículo 23 de la LO 1/2004. Además, se potenciará el Programa de Inserción Laboral de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, Programa OPTIMA (coordinación y plan personalizado en materia de violencia contra la mujer) apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, Programa RESET (atención a menores expuestos a maltrato y/o abuso), Red Vecinal contra la Violencia de Género e Intrafamiliar o el Convenio con la Federación de Mujeres del Medio Rural La Rioja.

Política Local; una financiación equitativa, no arbitraria

Tras la última restructuración del Gobierno regional, la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública ha asumido la Dirección General de Política Local a través de la cual se quiere reforzar el protagonismo de los alcaldes y alcaldesas de La Rioja. Protagonismo imprescindible en estos momentos en los que la coordinación y cooperación entre ambas administraciones es vital para afrontar la situación actual.

En este sentido, se están reforzando los canales de información y asesoramiento para la interpretación de las normas que se están adoptando para controlar la COVID-19 y adoptar las medidas que sean pertinentes en cada uno de ellos. En los últimos días ha tenido lugar la primera reunión con los municipios de más de cinco mil habitantes y, a lo largo de la próxima semana, se repetirá el formato con las localidades de más de dos mil habitantes y otros municipios más pequeños. Asimismo, desde la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública también se impulsarán los comités de cuidados rurales para abordar los nuevos retos que la pandemia está generando.

Y al margen de las iniciativas centradas en paliar los efectos de la COVID-19, la Dirección General de Política Local seguirá trabajando en la cohesión territorial a través de un reparto igualitario de los servicios a través de una financiación equitativa, no arbitraria.

En definitiva, a través de esta Dirección General, el Gobierno de La Rioja seguirá impulsando el municipalismo, parte indiscutible del ADN socialista y, por lo tanto, uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo regional.