La Comunidad acudirá a la vía judicial en caso de que el Gobierno central desestime por silencio administrativo anular la autorización administrativa previa que concedió en diciembre al proyecto Tauste-Júndiz. El Ejecutivo regional solicitará además la suspensión cautelar de la tramitación de la línea que, con una longitud de 180 kilómetros, atravesaría el territorio desde Alfaro hasta Briñas, afectando a 29 municipios riojanos.

El Consejo de Gobierno ha facultado a la Dirección General de Servicios Jurídicos a interponer un recurso contencioso-administrativo si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no responde al recurso de alzada presentado el 30 de enero por la Comunidad contra la autorización administrativa previa concedida en diciembre al proyecto de línea de alta tensión Tauste-Júndiz promovido por Forestalia. La Secretaría de Estado de Energía tiene de plazo hasta este martes para pronunciarse. En caso de que desestime anular su autorización por silencio administrativo, el Gobierno de La Rioja emprenderá las acciones judiciales y, a su vez, solicitará la suspensión cautelar de la tramitación de la línea que, con una longitud de 180 kilómetros, atravesaría el territorio desde Alfaro hasta Briñas, afectando a 29 municipios riojanos.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente interpuso el 30 de enero un recurso de alzada contra la resolución del pasado 18 de diciembre de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorgó a Energía Inagotable de Providentia, SL, autorización administrativa previa para el parque eólico Providentia, de 28 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos (entre las que se incluye la línea de alta tensión Tauste-Júndiz del Grupo Forestalia), publicada el 5 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este sentido, cabe informar que el 8 de abril se solicitó información al Ministerio sobre este expediente, pero tampoco se ha recibido respuesta hasta el día de hoy.

El Ejecutivo regional recurrió por la vía administrativa instando a la Secretaría de Estado de Energía a que no conceda autorización ni declaración de utilidad pública al parque eólico, así como a que declare nula la resolución de diciembre. Además, el Gobierno de La Rioja solicitó la revocación de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) para otros proyectos que, habiendo recibido también autorización previa, requieren evacuar a través de líneas que atraviesan territorio riojano: los parques eólicos Promitor, Recarano, Othar, Priamo, Robigus, Quirite y Prietas; y los parques fotovoltaicos Tara y Umiko.

En el recurso presentado, el Ejecutivo autonómico también reclamó la adopción de medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público de los riojanos, que ven peligrar el territorio a costa de invadir su entorno sin que operen las más mínimas garantías procedimentales y de seguridad jurídica que constitucionalmente les amparan.

La Comunidad fundamentó su escrito atendiendo a motivos formales, como la falta de acceso a la información o indefensión, y a aspectos de fondo, como su incompatibilidad con el paisaje, la desprotección del entorno natural y agrario -557,48 hectáreas afectadas, entre las que destacan 151 de viñedo, 148 de tierras arables y 121,18 a parcelas de regadío- y el impacto crítico en bienes de interés cultural (BIC) –el Camino de Santiago Francés a su paso por Ventosa, los Lagares de Los Mártires en Briones y el enclave medieval de Serrarte en Briones-.

Ante esta situación, y en caso de que el Ministerio agote el plazo de respuesta hoy desestimando el recurso de alzada por silencio administrativo, el Gobierno de La Rioja, en uso de su capacidad competencial, pasará a la vía judicial, para lo cual ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos a interponer un recurso contencioso-administrativo y a solicitar la suspensión cautelar de la tramitación de la línea.