Desde hace algún tiempo estamos asistiendo a noticias aparecidas en los medios públicos de difusión – y también en la realidad cotidiana – sobre la desaparición de oficinas bancarias y de sus correspondientes cajeros de distribución automática. Al menos durante esta última década el sector bancario, que no para de mostrar hojas de calculo que muestran aumento de sus beneficios, continúa ajustando su modelo de negocio mediante el cierre de oficinas en busca de la consecución de una mayor rentabilidad disfrazándola de la necesidad de conseguir incorporarnos a la revolución informática. Esta situación que se muestra evidente en los núcleos urbanos se convierte en dramática cuando se refiere a las pequeñas agrupaciones rurales. Resulta una contradicción más, que se suma a las otras muchas permitidas por las diferentes Administraciones (transporte público, sanidad, etc. ), el hablar permanentemente de la «despoblación rural» como uno de los principales problemas de nuestra sociedad y nuevamente dichas Administraciones «se ponen de perfil» cuando se disminuyen los servicios públicos de los ciudadanos lo que naturalmente facilita la despoblación rural.

Según un trabajo presentado por Concha Jiménez Gonzalo y Helena Tejero Sala sobre el cierre de oficinas bancarias en España entre 2008 y 2017 el número total de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito se redujo en un 39 %. Durante este periodo las 45.662 oficinas existentes en 2008 se vieron disminuidas hasta permanecer tan sólo 27.706 . Y, esta disminución de oficinas bancarias se vio acompañada de una gran reducción de los cajeros automáticos. Su disminución alcanza el 17,6 %. De los 61.714 existentes en 2008  quedaron reducidos en 2017 a 50.839. Esta reducción contrasta con la necesidad de los ciudadanos de acceder a dinero efectivo, ya sea a través de las ventanillas bancarias  o de los propios cajeros. Y la situación resulta aún más escondida, la desaparición de oficinas y cajeros en los pueblos se ve «oscurecida» por la apertura de nuevos dispensadores en puntos de gran afluencia de personas (centros comerciales, aeropuertos o estaciones de tren) que en números absolutos intenta disfrazar la importante reducción de dichos «servicios sociales».

Nosotros defendemos la existencia de una «banca pública», pero en cualquier caso la apertura de estructuras bancarias está sometida a la autorización y el control de determinadas Administraciones y la actuación de las mismas debe también contemplar la defensa del mantenimiento de servicios sociales, y, esta defensa de «lo público» debe ejercerse para bien de todos los ciudadanos, sea cual fuere su domicilio. Si esta situación se vuelve conflictiva para algún sector de todos los ciudadanos de este País, la situación se vuelve crítica al referirse a los municipios pequeños que en muchos casos han perdido la única oficina bancaria que tenían. De acuerdo con el trabajo citado anteriormente, en La Rioja – durante el periodo estudiado –  existen 87 municipios que no cuentan con oficina bancaria. De acuerdo con estos datos existe un 2,9 % de ciudadanos que presentan una perdida evidente de uno de sus derechos.

Defendemos la necesidad de que las Administraciones Públicas intervengan para asegurar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y facilite la repoblación de los territorios que actualmente se dirigen a la despoblación manteniendo los servicios públicos que en los núcleos urbanos se ven más asegurados.

Julio Martínez y Gregorio Martínez

P. C. E. en Haro.